Fiscalía DDHH: los militares asesinaron y remataron a cinco jóvenes de Colcabamba

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La Fiscalía de Derechos Humanos de Junín solicitó la detención de ocho integrantes de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N° 31 del Ejército, quienes participaron en un operativo que culminó con la muerte por disparos de cinco jóvenes que viajaban en un vehículo en la zona de Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica, el 25 de abril.

Según la versión inicial proporcionada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), los efectivos habrían interceptado el vehículo tras recibir información de inteligencia que vinculaba a los ocupantes con actividades relacionadas con el narcotráfico. Asimismo, argumentaron que el conductor ignoró las órdenes de detenerse, lo que los obligó a abrir fuego utilizando armas de largo alcance. Sin embargo, los familiares de las víctimas y dos sobrevivientes que iban en el vehículo contradijeron esta versión oficial.

 

 

Tras investigar los hechos, el fiscal especializado en Derechos Humanos, Johel Chamorro Makucachi, concluyó que los militares usaron fuerza letal de manera arbitraria, innecesaria y desproporcionada, situación que habría ocasionado la muerte de las cinco personas fallecidas. Por ello, se les imputó el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, dentro de un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Además de formalizar una investigación para el inicio del proceso por homicidio calificado, el fiscal presentó una solicitud de prisión preventiva para los ocho efectivos involucrados: el capitán Luis Montenegro Pardo, el teniente Brayan Fernández Dett, y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Edilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Américo Vásquez Rojas y Mariano Fernández Córdova.

 

 

En su resolución, el fiscal Chamorro detalló que los militares, siguiendo su instrucción operativa, colocaron obstáculos en la carretera para detener e inspeccionar vehículos sospechosos. No obstante, Nilson Montenegro Valencia, conductor colombiano en ese momento del vehículo, ignoró dichos obstáculos y continuó circulando, lo que llevó a los uniformados a disparar.

El fiscal subrayó que no existió evidencia objetiva que demostrara una amenaza letal o un peligro real e inminente hacia los militares por parte de los ocupantes civiles del vehículo. En lugar de optar por medidas preventivas, los imputados utilizaron armamento de guerra realizando múltiples disparos contra el automóvil y sus pasajeros. Entre los impactos, uno alcanzó al conductor, provocando que perdiera el control del vehículo, lo cual llevó a su despiste y posterior detención al borde de un precipicio.

 

 

Los remataron

Lo más perturbador del caso es que los militares regresaron al lugar y ejecutaron a las víctimas que aún permanecían en la camioneta. Una vez que el vehículo quedó totalmente detenido y neutralizado, dejando de representar cualquier posible amenaza que justificara el uso de fuerza letal, los acusados continuaron disparando hacia la camioneta y contra las personas que estaban dentro, según destacó el fiscal.

Al no hallar drogas, como inicialmente habían supuesto, los militares procedieron a realizar nuevos disparos contra el vehículo y sus ocupantes, causando más lesiones. Entre las víctimas, Jhonatan Águila Gutiérrez fue impactado por proyectiles en la cabeza y la región glútea, explicó el fiscal al describir la conducta criminal de los uniformados.

 

 

Como resultado del ataque con fusiles SCAR-L, fallecieron Nilson Montenegro Valencia, Cristian Vilcatoma Águila, Jaime Bendezú Paraguay, Wilder Sevipaucar y William Núñez Soto.

Las necropsias revelaron la ferocidad del ataque militar. El cuerpo del conductor, Nilson Montenegro Valencia, presentaba 51 heridas de bala; Cristian Vilcatoma Águila tenía 16. Montenegro estaba en el asiento del piloto, mientras que Vilcatoma ocupaba el lugar del copiloto.

Por su parte, Wilder Romero Sevipaucar recibió 12 disparos, William Soto Núñez 8 —quien se encontraba en la tolva del vehículo— y Jaime Bendezú Paraguay fue alcanzado por 3 impactos.

 

 

Los hechos indican que no hubo intención de capturarlos con vida. Las acciones fueron directamente dirigidas a asesinarlos.

Las víctimas presentaban un patrón de heridas homogéneo con alta letalidad, concentrado principalmente en zonas vitales como el cráneo y el tórax. Las trayectorias de los disparos eran convergentes, evidenciando una clara intencionalidad en la manera de producir los daños, según detalla la resolución fiscal.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

 

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