El Ministerio Público presentó este 10 de octubre ante el Poder Judicial una petición de restricción migratoria por 18 meses contra la exjefa de Estado Dina Boluarte Zegarra, quien es objeto de investigación por la posible comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en perjuicio del Estado.
De acuerdo con la Fiscalía, la entonces jefa de Estado habría participado en el nombramiento de personal en EsSalud y en la administración del desembolso de compensaciones laborales para uno de los conocidos del profesional médico que supuestamente le habría practicado intervenciones quirúrgicas con fines estéticos.
Del mismo modo, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos presentó una solicitud de impedimento migratorio por 36 meses para Boluarte, investigada por blanqueo de capitales en perjuicio del Estado. Esta causa se relaciona con la supuesta recaudación de recursos económicos orientados a cubrir la reparación civil de Vladimir Cerrón, con fondos que habrían surgido de la organización delictiva ‘Los Dinámicos del Centro’.
La disposición, que previamente había sido anunciada por el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, tiene como objetivo asegurar la disponibilidad de la exjefa de Estado mientras se desarrollan las diligencias fiscales y posibles acusaciones.
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«Es más, en el curso de la amanecida debemos estar presentando una solicitud de impedimento de salida del país. Obviamente esto ha sido una sorpresa, no teníamos preparado porque como ustedes saben el Tribunal Constitucional prácticamente paralizó de algún modo a las carpetas, pues continúan, no hay ningún problema», indicó Gálvez en horas de la madrugada.
Investigación por fallecimientos durante protestas sociales
La principal y más severa pesquisa contra Dina Boluarte está relacionada con los decesos producidos en las manifestaciones de 2022 y 2023, donde perdieron la vida 49 ciudadanos durante la intervención policial y militar. La Fiscalía examina su posible responsabilidad como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por no haber implementado acciones para evitar o frenar el empleo desproporcionado de la fuerza. La exjefa de Estado enfrenta esta investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de los manifestantes.
Otro expediente importante es el caso Rolex, donde se le atribuye el delito de cohecho pasivo impropio. El Ministerio Público sostiene que Boluarte habría recibido relojes y joyas de lujo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favorecerlo con transferencias presupuestales. Las piezas, entre ellas un reloj Rolex valorizado en varios miles de dólares, no fueron declaradas en su patrimonio y habrían sido usadas durante actos oficiales.
La tercera pesquisa está vinculada con las intervenciones quirúrgicas estéticas a las que se sometió durante su mandato presidencial. La Fiscalía evalúa si cometió abandono de cargo y falsedad, debido a que habría dejado de ejercer responsabilidades oficiales sin informarlo al Congreso ni al país. Según las indagaciones, las operaciones se habrían efectuado simultáneamente con nombramientos en EsSalud relacionados al profesional médico que la intervino, lo que genera otra línea de investigación por presunto aprovechamiento indebido del cargo.
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Casos de enriquecimiento ilícito y traslado irregular de Vladimir Cerrón
Una cuarta investigación se enfoca en el presunto desbalance patrimonial de la exjefa de Estado. El Ministerio Público identificó un aumento no explicado superior a medio millón de soles entre 2021 y 2024, periodo en el que desempeñó funciones públicas. Se la indaga por enriquecimiento ilícito, dado que una porción de ese incremento no contaría con sustento en ingresos oficiales ni en su declaración jurada de bienes y rentas.
Asimismo, se halla bajo investigación el caso ‘El Cofre’, relacionado al desplazamiento irregular de Vladimir Cerrón. Según la teoría fiscal, un automóvil presidencial habría sido utilizado para facilitar el traslado del líder de Perú Libre cuando se hallaba fugitivo de la justicia. Boluarte es señalada por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad, al haber permitido el uso de recursos del Estado en beneficio de un sentenciado.
Una sexta pesquisa señala un supuesto acuerdo con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, con el objetivo de mantener en el cargo al entonces comandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado, pese a las denuncias en su contra. Este presunto pacto político-fiscal se habría producido a cambio de favorecer intereses personales y mantener un control sobre las investigaciones en curso.
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Investigación por desactivación del Efficcop
Por último, Boluarte afronta una séptima investigación por la eliminación del equipo policial del Efficcop, la unidad que respaldaba al equipo de fiscales encargado de indagar los presuntos actos de corrupción de su hermano, Nicanor Boluarte. La Fiscalía la acusa de encubrimiento personal y abuso de autoridad, al disponer la medida sin justificación técnica y con el fin de obstaculizar las investigaciones que alcanzaban a su entorno familiar.
Foto: News.cn
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