El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín sustentó la acusación contra exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín investigados por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de malversación de fondos.
Los imputados son Vladimir Cerrón, exgobernador regional y los exgerentes de esa entidad: Henry López Cantorin, Ulises Panez, Rocío Cristina Bonifacio Aliaga, Julio Alberto Matos Gilvonio, Estela Encarnación Baldeón Hormaza, Ofelia Rios Pacheco, y William Javier Acosta Laymito.
La fiscal adjunta provincial María Angélica Huamán Gazaniga sostuvo ante el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín que todos los imputados ocuparon cargos de confianza y tuvieron funciones específicas en el manejo de los recursos del proyecto de “Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro”, destinándolo a la ejecución de otros nueve proyectos.
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Según la imputación de esta la Fiscalía, a cargo de la fiscal Bonnie Bautista, los exfuncionarios habrían ejecutado irregularmente un total S/ 2 millones 880, 088 del presupuesto destinado a los trabajos de reforestación de la margen derecha del Valle del Mantaro.
Este hecho, según la fiscal Huamán Gazaniga, ocurrió con el aval de los exfuncionarios antes mencionados, a pesar de que estos recursos no eran de libre disponibilidad, lo que ocasionó que el proyecto principal no se culmine y las obras queden inconclusas.
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“Por estas consideraciones la Fiscalía imputa a los acusados, autores y cómplices, la comisión del delito de malversación de fondos (..), solicito que se les sancione con dos años 11 meses de pena privativa de la libertad y la inhabilitación por el mismo plazo de la pena principal”, sustentó la fiscal.
Pide además el pago de una indemnización por daños y perjuicios de S/ 100, 000 que deberá ser pagada de manera solidaria por los acusados autores y cómplices.
La defensa técnica de Cerrón, Luis Mayhua, en tanto, refirió que el presunto delito de malversación imputado a su patrocinado provine del 2017, lo que, a su criterio, implica que habría prescrito el 3 enero 2021.
Señaló que las resoluciones regionales que autorizaron la transferencia de recursos a otros proyectos se hizo de acuerdo a ley y fue motivada por informes técnicos que advertían que no era viable la continuidad del proyecto inicial. En ese sentido, pidió que se absuelva a su defendido.
En estos momentos continúan interviniendo los abogados de los demás imputados.
ANDINA