Florentino Pérez embarga US$ 315 millones al Perú por disputa con Línea 2 del Metro

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El empresario español Florentino Pérez, presidente de la compañía ACS, ha solicitado al sistema judicial de Luxemburgo el embargo de activos de la República del Perú por un valor de 315 millones de dólares. Este procedimiento, iniciado el pasado 14 de febrero, responde a un incumplimiento parcial de un laudo internacional emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución vinculada al Banco Mundial. El conflicto gira en torno a numerosas irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de concesión correspondiente a la Línea 2 del Metro de Lima.

La empresa Metro de Lima Línea 2, integrada por ACS (25%), FCC (18,25%) y otros socios internacionales, tomó acciones para la ejecución del laudo tras verificar que el Estado peruano solo había transferido 106 millones de los 456 millones que el tribunal arbitral había ordenado pagar. Del total adeudado, únicamente 56 millones están formalmente congelados mientras se analizan solicitudes de revisión presentadas por Perú. Los más de 300 millones restantes representan la base sobre la cual se sustenta el embargo solicitado.

 

 

Luxemburgo fue elegido como el país para gestionar este proceso debido a que allí los laudos emitidos por el CIADI tienen reconocimiento como títulos ejecutivos, habilitando así la retención de cuentas bancarias, inversiones e incluso propiedades oficiales del Estado. Aunque no se han especificado qué bienes podrían ser afectados, el portal Economía Digital ha informado que el proceso se desarrolla de manera discreta pero con progresos significativos.

La medida judicial coincide con dos nuevas demandas presentadas por el consorcio contra el gobierno peruano ante el mismo tribunal. Estas iniciativas, aún en trámite, tienen el potencial de incrementar la presión económica sobre Perú, que ya enfrenta un complicado panorama legal y una creciente exposición mediática.

 

 

En respuesta a esta ofensiva judicial, el gobierno peruano presentó el 26 de febrero una solicitud de anulación parcial del laudo arbitral. Este recurso busca abordar cuestiones relacionadas con los daños ligados a la construcción y los intereses derivados de dichos conceptos, identificados como «Daños Bajo Protesto». El Estado también pidió la suspensión total de la ejecución del laudo mientras se resuelve este proceso de anulación, cuya resolución final podría extenderse hasta finales de 2026.

No obstante, la comisión ad hoc del CIADI aún no ha emitido su decisión respecto a esta suspensión total. Se espera que una respuesta formal sea anunciada para el próximo 15 de octubre.

 

Texto: WSV / Agencias
Foto: Composición

 

 

 

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