Ministros de presidente Balcázar acumulan al menos 10 investigaciones fiscales

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El nuevo Gabinete Ministerial del presidente José María Balcázar comenzó su gestión en medio de severos cuestionamientos. Según las propias declaraciones juradas de intereses, al menos diez de sus miembros enfrentan investigaciones fiscales, un hecho que agrava la posición del equipo encargado de dirigir el país en un momento crítico de crisis política, emergencia climática y desconfianza generalizada de la ciudadanía.

Lejos de romper con las prácticas tradicionales y controvertidas, la composición de este gabinete refleja preocupantes continuidades. Uno de los casos más polémicos es el del ministro del Interior, Hugo Begazo, quien está bajo investigación por supuesto delito de falsificación de documento público. El caso, relacionado con la firma de una declaración jurada para el saneamiento de un terreno policial durante su periodo como jefe regional de la PNP, se encuentra actualmente en el Juzgado Unipersonal de Lima Este.

 

 

En el ámbito económico, el ministro Gerardo López inicialmente declaró no tener investigaciones en su contra, pero posteriormente admitió que existen procesos fiscales en los que figura como imputado, aunque no especificó la naturaleza de los mismos. Esta contradicción ha sido interpretada como una falta de transparencia en una cartera crucial para la estabilidad nacional.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Arroyo, ofreció información poco clara respecto a un caso en la jurisdicción militar. No precisó si el proceso está en curso o archivado, lo que genera dudas sobre su situación legal.

 

 

Entre los nombres que permanecen del gabinete previo se encuentra Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, quien enfrenta una investigación preparatoria por presuntos delitos ambientales durante su gestión en ProInversión. Además, destaca que el Estado se ha hecho cargo del financiamiento de su defensa legal, provocando críticas acerca del uso de recursos públicos en esta circunstancia.

Otros miembros del gabinete también arrastran acusaciones. El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, es investigado por presunta omisión de denuncia y colusión. Mientras tanto, el titular de Vivienda, Wilder Sifuentes, acumula cinco investigaciones, que incluyen cargos desde usurpación agravada hasta contaminación ambiental.

 

 

De particular preocupación es el caso de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, quien está bajo investigación por presuntos delitos relacionados con las muertes ocurridas durante las protestas en el gobierno de Dina Boluarte, donde desempeñaba otro puesto ministerial.

Un informe del programa ContraCorriente dio a conocer que el flamante ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, fue denunciado por violación en el año 2013. La víctima era su suegra.

Ante este complejo panorama, el gabinete liderado por Balcázar inicia su gestión con un significativo déficit ético y una legitimidad cuestionada desde múltiples frentes.

 

 

Texto: WSV
Foto: Difusión
Video: Twitter Wayka

 

 

 

 

 

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