El primer ministro Ernesto Álvarez confirmó este jueves 16 de octubre que el Ejecutivo implementará un estado de emergencia en Lima Metropolitana debido al crecimiento de los índices delictivos.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros explicó que esta determinación incluirá un conjunto de estrategias diseñadas para fortalecer la protección ciudadana y combatir el crecimiento del crimen organizado en la metrópoli.
«Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos Lima Metropolitana, pero esto a diferencia de otras ocasiones no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva que no sirva al ciudadano común, tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces», afirmó durante una conferencia de prensa.
Álvarez informó que la jefatura de Estado ha solicitado al equipo ministerial elaborar dichas acciones y examinarlas con carácter prioritario.
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Gabinete trabaja en sesión continua
«El presidente de la República nos ha encomendado preparar ese paquete de medidas, someterlo al debate técnico en el menor tiempo posible. Por eso los ministros nos encontramos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete y podamos reunirnos para declarar en emergencia Lima, pero con contenido, con verdad», detalló.
El responsable del equipo ministerial dejó abierta la posibilidad de establecer restricción de circulación nocturna en los 43 distritos capitalinos. «No se ha descartado como medida el toque de queda, no la descarto», aseguró.
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«Se están analizando todas las posibilidades. El toque de queda, así como la limitación de la libertad individual de los motociclistas, ya son medidas recurrentes que se han establecido antes, pero que, por la especificidad de la criminalidad violenta, no siempre han logrado un resultado efectivo, real», complementó.
Medidas basadas en proporcionalidad
Álvarez subrayó que cualquier disposición limitante deberá mantener equilibrio y fundamentarse en datos técnicos.
«Toda medida que limita la libertad debe tener proporcionalidad y racionalidad. No es cuestión de limitar las libertades y derechos fundamentales sin una razón real probada. Por eso vamos a tomarnos algunas horas en revisar y medir la posible efectividad de la declaratoria de emergencia, que debe estar bien hecha y constituir una medida efectiva en beneficio de los ciudadanos», zanjó.
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