Contraloría: Gobierno recorta presupuesto para lucha anticorrupción en casi 50 %

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La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre los efectos negativos del recorte presupuestario impuesto por el Gobierno de Dina Boluarte en relación con la lucha contra la corrupción. Según el contralor César Aguilar, el presupuesto previsto para el 2026 se ha reducido en 48 %, una disminución que pone en entredicho las capacidades operativas del organismo.

En el proyecto de ley de presupuesto presentado para el 2026 se asignaron S/ 980,3 millones a la Contraloría, cifra que contrasta significativamente con los S/ 1.575 millones autorizados para el año 2024. Ante esta problemática, el organismo ha solicitado un incremento adicional de S/ 254,5 millones para poder mantener el control preventivo y dar impulso a la reactivación de obras públicas.

 

 

La reducción presupuestaria genera preocupación, especialmente en un contexto que coincide con el inicio del periodo electoral y la necesidad de garantizar transparencia en la ejecución de proyectos estatales. La Contraloría ha advertido que este recorte impacta directamente en su capacidad para supervisar el gasto público, una tarea esencial para preservar la confianza ciudadana.

 

 

César Aguilar Surichaqui, contralor general, expuso su inconformidad sobre la planificación presupuestaria para el próximo año ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso. Durante su intervención, destacó que los S/ 254,5 millones adicionales solicitados son esenciales para garantizar la cobertura nacional de la Contraloría, fortalecer el control preventivo, promover la reactivación económica con obras públicas y generar confiabilidad en las instituciones estatales.

 

 

El ajuste presupuestario también amenaza la continuidad laboral de más de 4.000 auditores y la operatividad de los 691 órganos de control institucional distribuidos a nivel nacional. La falta de fondos afectaría aspectos como viáticos, movilización y servicios básicos necesarios para que los equipos de control puedan llegar a las regiones más alejadas.

Además, el organismo de fiscalización ha indicado que la insuficiencia presupuestaria pondría en peligro procesos críticos como la modernización tecnológica e infraestructural, así como el cumplimiento de sentencias judiciales y mandatos internacionales. Estos elementos son fundamentales para asegurar la seguridad jurídica y el buen funcionamiento del aparato estatal.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

 

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