Gremios empresariales rechazaron la suscripción del Tratado de Biodiversidad Biológica Marina en Aguas Fuera de la Jurisdicción Nacional o Tratado de Alta Mar firmado este lunes en Francia por la mandataria Dina Boluarte.
Advirtieron que este acuerdo implica una pérdida de soberanía peruana en la toma de decisiones respecto al aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
El Tratado de Alta Mar pretende el debilitamiento de organizaciones regionales eficaces en las que el Perú participa como las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) que consideran son instrumentos eficaces para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos según evidencia científica, alertaron Adex, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería.
“Este acuerdo es impulsado por las ONG que buscan acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada”, manifestaron los referidos gremios.
Perú suscribió el Tratado de Alta Mar en la Cumbre de los Océanos realizada en Francia
Para el Ejecutivo, sin embargo, el tratado determina un marco jurídico multilateral orientado a garantizar la protección de la biodiversidad en alta mar, es decir, más allá de las 200 millas de jurisdicción peruana de cada uno de los estados ribereños. De esta manera, Perú mantiene su soberanía y jurisdicción sobre el dominio marítimo fijado por la Constitución.
El canciller Elmer Schialer, adelantó que, luego de su regreso de Francia, explicará la prensa junto a los ministros de la Producción y del Ambiente los alcances del tratado.
Los gremios empresariales critican asimismo además que no se solicitara información técnica de sectores clave como el Ministerio del Ambiente y de la Producción, así como del Instituto del Mar del Perú, los gremios empresariales y los trabajadores del sector, entre otros; “para una decisión consensuada en beneficio de los intereses nacionales”.
Foto Flickr Presidencia