Gremios de prensa peruanos rechazan las amenazas contra periodistas de investigación

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La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el Colegio de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto de Prensa y Sociedad calificaron de abuso el pedido de la Procuraduría Anticorrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz (Latina Noticias) y César Prado (IDL-Reporteros), quienes destaparon los casos «Cofre» y «Valkiria».

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) además de su enérgico rechazo a la pretensión de solicitar esta medida, recordó: “El secreto profesional de los periodistas está protegido por la Constitución Política y la normatividad y jurisprudencia internacional de derechos humanos. Intentar quebrantar dicho derecho bajo el argumento de una investigación sienta un precedente peligrosísimo para el ejercicio del periodismo en el país”, expresa su pronunciamiento.

El Colegio de Periodistas del Perú (CPP) rechazó el pedido de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, para levantar el secreto de comunicaciones a los periodistas, medida que vulnera la reserva de las fuentes y atenta contra el ejercicio del periodismo de investigación, pilares fundamentales en toda sociedad democrática, advirtió en un comunicado.

“Tanto la jurisprudencia nacional como internacional reconocen la protección de las fuentes periodísticas como esencial para garantizar el derecho ciudadano a recibir información veraz, plural e independiente”, sostienen e instan a las autoridades a respetar los estándares constitucionales e internacionales de libertad de expresión, subrayando que, “ningún periodista debe ser objeto de represalias por cumplir con su deber de informar”.

Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) también expresó su rechazo al pedido fiscal que se da en el marco de una investigación que sigue el Ministerio Público por el presunto delito de cohecho contra los periodistas y la fiscal Marita Barreto, excoordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

“La solicitud constituye una irregularidad y un abuso, pues advierten que el levantamiento del secreto de las comunicaciones a periodistas o incluso los pedidos para hacerlo, se están normalizando en el Perú, lo que debilita las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo y amenaza la libertad de expresión”.

Asimismo, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) al pronunciarse sobre el caso, explicó que su posición no busca generar impunidad para los periodistas frente a pesquisas legales, sino garantizar que la labor informativa cuente con las protecciones necesarias frente a medidas arbitrarias.

«Levantar el secreto de las comunicaciones afecta directamente la confidencialidad de las fuentes, considerada el pilar fundamental del periodismo de investigación y una herramienta clave para destapar casos de corrupción y abuso de poder», señalan.

¿Qué investigaron los periodistas?

Rodrigo Cruz, de Latina Noticias, “es uno de los principales investigadores de las actividades de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte”. Este periodista reveló el caso Cofre, donde la mandataria habría facilitado la fuga de Vladimir Cerrón en el auto presidencial.

“En Latina Noticias vamos a seguir haciendo periodismo de investigación porque estamos al servicio de nuestro público, que necesita saber qué hacen las autoridades en el Perú. No nos vamos a callar porque solo decimos la verdad”, dijeron.

 

 

Igualmente, el periodista César Prado de IDL-Reporteros ha centrado sus pesquisas en la presunta organización criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, desde las más altas esferas del Ministerio Público, con base en las declaraciones de Miguel Girao, exasesor de dicha exfiscal y también investigado en el caso Valkiria.

Según declaró Girao, la fiscal Marita Barreto habría pedido a los periodistas difundir informaciones negativas sobre la fiscal superior Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación. Sin embargo, tanto Cruz como Prado han negado de forma tajante esa acusación. Es más, el propio Girao reconoció posteriormente que no observó ningún acto ilícito. Esto debilita la hipótesis fiscal y deja en evidencia la fragilidad del sustento de la investigación.

 

 

 

 

Texto: WSV / Difusión
Foto: Composición
Video: Twitter Punto Final

 

 

 

 

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