GUATEMALA.- Diversas organizaciones de justicia, derechos humanos y de prensa denunciaron este viernes la criminalización a la que están siendo sometidos los periodistas en Guatemala, especialmente los comunitarios.
Representantes de la Comisión Internacional de Justicia (CIJ), el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) y la organización Prensa Comunitaria, afirmaron que el juez Anibal Arteaga, de la ciudad caribeña de Puerto Barrios, ha violado la libertad de expresión al procesar al periodista maya q’eqchi’ Carlos Choc por denunciar y publicar información sobre la contaminación del Lago de Izabal.
Choc fue ligado a proceso hace tres días junto a tres pescadores pese a que el Ministerio Público (MP) solicitó durante la audiencia “falta de mérito”, es decir, que se clausurara el proceso en su contra, explicó el abogado de Caldh, Francisco Vivar.
El periodista comunitario fue denunciado por una empresa de níquel que funciona en el municipio de El Estor por documentar y publicar información sobre la contaminación del lago.
Según dijo este viernes en una conferencia de prensa el director de la CIJ, Ramón Cadena, con su decisión el juez ha demostrado que “defiende los intereses privados” y envió un mensaje “perverso” contra el periodismo comunitario e indígena.
Aseguró que Arteaga “está criminalizando” a la prensa comunitaria al ordenar la detención “arbitraria” de Choc, quien, sin embargo, quedó en libertad bajo fianza pero procesado por supuestamente haber cometido detenciones ilegales en contra de trabajadores de la mina en mayo del 2017.
“Estamos muy preocupados por la decisión del juez”, dijo el director de la CIJ, y anunció que solicitarán la visita del relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, para que verifique la “impunidad” con la que actúa el juez.
A este propósito, enfatizó que “es importante” que venga el relator a observar la actuación del juez Arteaga porque “este fenómeno de la criminalización tiene que parar en Guatemala”.
“Hay una discriminación racial en Guatemala”, recalcó el jurista al pedir a la Procuraduría de Derechos Humanos una investigación sobre este caso.
Las organizaciones pidieron que se cierre la persecución penal contra Choc y exigieron al Estado garantizar la libertad de expresión en Izabal.
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