El abogado Juan José Quispe, representante del Instituto de Defensa Legal, expresó fuertes críticas contra la promulgación del Decreto Supremo Nº 003-2026-DE, el cual introduce modificaciones al reglamento sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en estado de emergencia.
Durante su intervención en una emisora radial local, el jurista lanzó una advertencia contundente al gobierno de José María Balcázar. Según señaló, dicha norma representa “una licencia para asesinar peruanos”, generando preocupación y polémica en un momento especialmente sensible debido al contexto electoral.
🔴🔵El abogado de IDL, Juan José Quispe, advirtió la apertura a la impunidad del reciente decreto supremo aprobado por el Gobierno que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas por daños o muertes ocasionados durante intervenciones en estados de emergencia.
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— Exitosa Noticias (@exitosape) April 6, 2026
Esta regulación, publicada el pasado 2 de abril en el Diario Oficial El Peruano, habilita a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía Nacional del Perú en casos relacionados con terrorismo, minería ilegal, narcotráfico y la protección de activos estratégicos.
Quispe argumentó que los cambios introducidos podrían conducir a un ambiente de impunidad al permitir intervenciones militares en situaciones consideradas «extremas», incluso en ausencia de hechos graves inmediatos. A su juicio, dichas disposiciones implican serios riesgos de abusos de fuerza bajo la justificación de prevenir posibles amenazas.
El abogado también llamó la atención sobre las implicaciones para las protestas sociales, especialmente durante el periodo de elecciones. Sostuvo que, si la capacidad operativa de la Policía resulta insuficiente, las Fuerzas Armadas estarían facultadas para utilizar armamento militar que podría resultar en lesiones o muertes. Asimismo, denunció que la exoneración de responsabilidad penal en determinados casos crea un precedente peligroso respecto al uso de la fuerza estatal.
En su análisis, calificó la medida como una “involución” en la definición clara de competencias entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Además, recordó incidentes recientes, como las protestas ocurridas en 2022 y 2023, para resaltar los riesgos asociados a esta normativa. Según expresó, se estaría legitimando el uso preventivo de la fuerza con consecuencias potencialmente fatales.
Este tema reaviva el debate sobre seguridad, derechos humanos y el marco normativo del uso de la fuerza en el Perú, posicionándolo como un asunto prioritario dentro de la agenda pública nacional.
Texto: WSV
Foto: Ojo-Público
Video: Canal YouTube Exitosa Noticias
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