La red global WIEGO ha revelado cifras alarmantes sobre el mercado de trabajo en Perú. De los 18 millones de personas que integran la Población Económicamente Activa (PEA), más de 13 millones se desempeñan en la informalidad. Esto representa el 72% de la fuerza laboral operando sin beneficios sociales ni amparo legal.
Esta precariedad masiva no solo afecta a las familias, sino que obstaculiza el ingreso de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para abordar el problema con precisión, la organización sugiere centrar el análisis en el ámbito urbano, excluyendo al sector agropecuario —casi totalmente informal por naturaleza— para entender mejor la relación entre empleo precario y pobreza en las ciudades.
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«Hay un estrecho vínculo entre estos trabajadores del Perú Urbano, que crean sus propias fuentes de ingresos, y la condición de pobreza, la cual se incrementó en este ámbito territorial desde el covid, duplicándose en el caso de Lima Metropolitana, que alberga un tercio de la población del país», mencionó la entidad.
Entre las causas estructurales, destaca que gran parte de este sector está compuesto por mujeres en edad reproductiva con responsabilidades de cuidado infantil, de ancianos o personas con discapacidad.
«Casi la mitad alcanzó como máximo la secundaria incompleta; la proporción de adultos mayores es mucho mayor a la del empleo formal; y acarrean condiciones de mayor vulnerabilidad en general en términos de vivienda, lugar de trabajo, acceso efectivo a servicios de salud, entre otros», detalló el reporte.
🚧 Desafíos y rubros más golpeados
A pesar del esfuerzo diario, estos trabajadores enfrentan barreras para mejorar sus ingresos, muchas veces provenientes del mismo Estado. Según proyecciones basadas en la ENAHO 2024, los grupos más numerosos son los vendedores ambulantes (1.2 millones), comerciantes en vivienda (1 millón), trabajadoras del hogar (cerca de 400 mil) y personal de mercados (350 mil).
El progreso de este sector se ve frenado por la inseguridad ciudadana, la falta de acceso a créditos, la incautación de mercadería, el calor extremo y la ausencia de guarderías o centros para adultos mayores. Además, el impacto económico de la pandemia sigue vigente.
«No se logra dar el salto en productividad, competitividad y mejora de ingresos necesarios», sostuvo Carmen Roca, representante de WIEGO en Perú.
En el contexto actual, los partidos políticos deben inscribir sus planes de gobierno antes del 23 de diciembre. Ante esto, la vocera advirtió un vacío en las propuestas: «Pero no se está abordando la aumentada pobreza urbana entre los casi 5 millones de trabajadores autoempleados y trabajadoras del hogar de empleo informal», lamentó.
📊 Radiografía del comerciante limeño
Para profundizar en la realidad del sector, WIEGO encuestó a 1,000 vendedores de «paraditas» en 10 distritos de Lima Metropolitana, como parte de un estudio internacional que abarca ciudades como Bangkok, Delhi y urbes de Brasil.
Los hallazgos son contundentes: el 70% son mujeres y el 87% tiene carga familiar de cuidados. Además, el 23% son adultos mayores y un 19% jóvenes. «Llama la atención que el 70% tiene a más de tres personas que dependen de sus ingresos diarios», puntualizó el informe.
Más de la mitad se dedica a vender alimentos perecibles, siendo claves para la seguridad alimentaria local. Un dato relevante es que más del 20% comenzó en este oficio hace cuatro años o menos, coincidiendo con la crisis sanitaria.
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Estos datos se debatieron en el taller “Pobreza urbana y empleo informal en período electoral”. Allí, Miguel Jaramillo, especialista de GRADE, resaltó que la informalidad es un problema estructural agravado por el COVID-19 y que las elecciones de 2026 son la oportunidad para exigir respuestas claras al poder político.