La elección de Adrianzén como premier fue muy cuestionada por diferentes organismos de la sociedad debido a su vergonzosa actuación como embajador de Perú en la OEA. En una sesión de la CIDH negó que el Gobierno de Dina Boluarte ostente una “política sistemática de violatoria de derechos humanos”, respecto a las numerosas muertes durante las protestas contra el régimen.
Cuando una ciudadana peruana presente en la sesión le dijo: “Ustedes mienten, él está mintiendo”, Adrianzén totalmente descontrolado y desesperado comenzó a gritar: “Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, ellos son los violentos”. Al igual que Dina Boluarte, dijo que los protestantes se habían matado entre ellos. Que el gobierno no era responsable.
Ya está disponible el Informe de Derechos Humanos 2023. Esta publicación anual refleja nuestra dedicación a la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de un mundo en el que se respeten los DD.HH. Puedes leer el informe para Perú🇵🇪 aquí: https://t.co/xoEeHFk8hH pic.twitter.com/8LbeG5HCLS
— Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) April 22, 2024
EEUU: son “creíbles” las ejecuciones extrajudiciales
El Departamento de Estado de EEUU emitió un documento en el que expresa las preocupaciones sobre la crisis en derechos en el Perú, donde se encontró acusaciones “creíbles” de ejecuciones extrajudiciales, restricciones significativas a la libertad de expresión y prensa, corrupción gubernamental generalizada y una alarmante prevalencia de violencia de género.
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, presentó los Informes de Derechos Humanos (HRR) 2023 sobre los países que reciben asistencia estadounidense e integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los textos, según el diplomático, están fundamentados en una diversidad de fuentes fiables y objetivas, que incluyen documentos de agencias gubernamentales, entidades no gubernamentales y medios informativos.
El expediente sobre Perú inicia con el registro de los 49 manifestantes muertos durante los choques con las fuerzas del orden y el “uso letal y desmedido de la fuerza” denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, con severidad particular en regiones de mayoría indígena.
Tuit: Informe de DDHH del Departamento de Estado de EEUU señala que no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en el Perú durante el 2023, pues existen informes creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios cometidos por las fuerzas de seguridad;… https://t.co/MqCgUjAsJA
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) April 23, 2024
Aunque la presidenta Dina Boluarte fue denunciada por estas muertes durante las protestas que pedían su dimisión, el informe resalta que, hasta el momento, no se han emitido resultados de las pesquisas y “las autoridades ralentizaron deliberadamente las investigaciones para disminuir el interés público en el resultado”.
El documento agrega que la libertad de expresión enfrentó desafíos en un contexto de crecientes denuncias de agresiones contra periodistas, especialmente en la cobertura de las manifestaciones. Varios organismos, incluidos el Colegio de Periodistas y la Asociación Nacional de Periodistas, registraron un notable aumento en la intimidación hacia la prensa, con 153 ataques contra periodistas desde diciembre de 2022 hasta febrero.
Grupos extremistas como La Resistencia buscaron perturbar las operaciones de medios de comunicación y organizaciones civiles, en ocasiones acosando a periodistas y activistas en sus propios hogares. A su vez, las leyes de difamación y calumnia, que prevén penas de hasta dos años de prisión, contribuyen a la autocensura entre los profesionales de los medios, destaca el informe.
Esta es la situación de la Policía Nacional del Perú: la inspectoría es una tapadera de graves violaciones a los DDHH que han sido documentadas incluso por organismos internacionales. Tarde o temprano serán sancionados los responsables materiales y políticos de las masacres. https://t.co/q7KE7IPozV
— Indira Huilca (@IndiraHuilca) April 23, 2024
El documento también aborda que la violencia de género se mantiene como un problema crítico en el país, donde si bien los centros operados por el Ministerio de la Mujer ofrecen apoyo a las sobrevivientes, su calidad y disponibilidad, especialmente en zonas rurales, son criticadas. También cuestiona la “mínima acción gubernamental” contra el acoso sexual..
El Departamento de Estado de EEUU también señala que las comunidades indígenas de la Amazonía enfrentan desafíos significativos por el acaparamiento de tierras, narcotráfico y actividades ilegales como la minería y la tala, además de la explotación laboral y sexual. Acentúa, además, la protección insuficiente para los defensores ambientales indígenas y la implementación deficiente del quechua, lengua oficial junto al español, lo que limita el acceso a servicios esenciales para sus hablantes.
Texto: WSV
Foto: Composición
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