Un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso reveló más de 700 irregularidades vinculadas al partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, durante las gestiones de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana.
Uno de los casos más mediáticos es el de Andrea Vidal, una joven que fue asesinada en diciembre de 2024. Ella trabajaba en la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso y, según el informe, fue contratada sin experiencia adecuada y con un sueldo de hasta S/ 8,000 mensuales.
🔴#ÚLTIMO | Con 7 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe final sobre el presunto caso de red de prostitución en el Congreso. El documento concluye que hubo un “festín de contrataciones”, pero no confirma la existencia de una… pic.twitter.com/nqjSue4rxV
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Otros nombres mencionados en la lista son Isabel Cajo y Alexandra Gil, también contratadas sin cumplir con los perfiles requeridos.
El informe señala a Jorge Torres Saravia, exfuncionario y operador de APP, como una figura clave en estas contrataciones. Se le acusa de falsificar documentos para obtener un alto cargo, y de facilitar el ingreso de personal ligado al entorno político de su partido. La Contraloría calcula un perjuicio económico superior a los S/ 230,000 por estas prácticas.
Aunque el informe descarta la existencia de una red de prostitución en el Congreso, sí reconoce que se trató de una “contratación masiva e irregular” de personas sin mérito, muchas de ellas con vínculos políticos. Otro nombre que resalta es el de Jacqueline Lozano Millones, considerada cercana a Acuña, quien fue contratada en condiciones cuestionables.
#HNewsLR | El Congreso de la República vuelve al centro del escándalo. Tras la muerte de Andrea Vidal, surgieron denuncias de una presunta red de prostitución en el Parlamento. Hoy, el informe final de la Comisión de Fiscalización niega dicha red, pero confirma contrataciones… pic.twitter.com/kv5fzXZpD5
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“El patrón irregular observado sugiere la existencia de una estructura informal dentro del Congreso, mediante la cual ciertas contrataciones habrían sido direccionadas desde la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional en connivencia con altos funcionarios administrativos del Congreso”, dice el texto
El caso también salpica a otras áreas como prensa y comunicaciones, donde se detectaron sueldos desproporcionados y contrataciones sin sustento. Esto ha generado críticas por el uso indebido de recursos públicos y ha incrementado la presión sobre APP y sus representantes en el Legislativo.
Texto: WSV
Foto: Composición
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