El pasado fin de semana, el penal de Barbadillo fue escenario de un operativo de requisa llevado a cabo por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional. La intervención estuvo dirigida a inspeccionar presuntos privilegios en las celdas de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Martín Vizcarra, quienes cumplen prisión en ese centro penitenciario.
Durante la revisión, las autoridades hallaron diversos electrodomésticos y objetos personales utilizados por los exmandatarios para cubrir necesidades básicas. En particular, se reportó que Vizcarra poseía una radio, un ventilador y una refrigeradora; Humala tenía un horno microondas; Castillo contaba con una cocina implementada, una bicicleta de ejercicios, un televisor, una radio y una refrigeradora; mientras que a Toledo únicamente se le encontraron cubiertos.
🔴 @rmapalacios ccomenta sobre la requisa a los expresidentes Pedro Castillo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, realizada por el INPE, ante la presunta existencia de comodidades no autorizadas en el penal de Barbadillo.
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— La República (@larepublica_pe) February 9, 2026
Sin embargo, el operativo ha sido objeto de críticas por varios sectores que lo consideran una táctica para desviar la atención de las controversias que envuelven al presidente interino José Jerí. Las acusaciones surgen en medio de denuncias sobre reuniones secretas entre Jerí y empresarios chinos, así como sobre presuntas contrataciones irregulares de jóvenes tras encuentros nocturnos en Palacio de Gobierno.
La defensa de Ollanta Humala manifestó su rechazo categórico al operativo, calificándolo como una violación repetida al derecho fundamental a la intimidad. Su abogado, Wilfredo Pedraza, condenó la difusión de imágenes del expresidente como «tendenciosa e indignante» y señaló que esto forma parte de una estrategia del gobierno de Jerí para distraer a la ciudadanía de las acusaciones que enfrenta su gestión.
Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, afirmó que la requisa en Barbadillo y la filtración de imágenes de los expresidentes es “indignante” y una “cortina de humo”. Dijo que no es una práctica usual del INPE
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Por su parte, otro abogado de Humala, Edinson Huamán, envió un oficio a la presidenta del INPE, Shadia Valdez, solicitando información sobre quién autorizó la toma y publicación de las fotografías. Huamán enfatizó que la sentencia contra Humala, aún bajo apelación en primera instancia, no anula sus derechos fundamentales, como el derecho a la protección de su privacidad y su imagen, tal como lo establece la Constitución.
En el documento dirigido al INPE, el abogado también denunció que durante las requisas realizadas el domingo 8 de febrero se tomaron imágenes del expresidente sin contar con su consentimiento. Exigió especificar la cadena de responsabilidad y si existió autorización por parte del propio Humala para usar su imagen. Asimismo, recordó que tanto la Constitución como el Código Penal garantizan derechos como la intimidad y tipifican delitos relacionados con la violación o tráfico indebido de datos personales, considerando agravantes si el infractor es un funcionario público.
A raiz de la difusión y publicación de fotografías del expresidente Ollanta Humala, en el interior de Barbadillo, por la intervención realizada por disposición del INPE.
Hemos dicho y solicitado lo sgte @INPEgob @MinjusDH_Peru @Ollanta_HumalaT pic.twitter.com/VKEJA0t8Qi— Edinson Huamán (@EdinsonHua2105) February 9, 2026
Por otro lado, Martín Vizcarra reafirmó su inconformidad al denunciar públicamente haber sido sometido a tres requisas en menos de 24 horas, calificándolas como abusivas y excesivas. Según su relato, la primera inspección ocurrió el sábado 7 de febrero y terminó sin observaciones; sin embargo, las autoridades regresaron dos veces más, incluyendo una intervención donde se tomaron fotografías que posteriormente fueron filtradas a los medios.
Vizcarra también hizo comparaciones entre su situación y las condiciones de reclusión del fallecido Alberto Fujimori. Cuestionó si alguna vez el exdictador fue sometido a requisas similares durante los 16 años que estuvo en Barbadillo. Recordó que Fujimori incluso tenía acceso a herramientas agrícolas y un tractor para cultivar una huerta. En ese sentido, sugirió que las acciones recientes en su celda obedecen a órdenes políticas superiores.
En defensa de Martín Vizcarra (situación que se repite para todos los expresidentes que se encuentran en EP Barbadillo) se ha interpuesto la denuncia penal correspondiente contra Henry García (funcionario del INPE) que sin autorización tomó las fotografías filtradas a la prensa)… pic.twitter.com/THtopW6Eh8
— Erwin Siccha (@ErwinSiccha) February 10, 2026
Ante estos hechos, Vizcarra decidió interponer una denuncia penal contra Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria del INPE. En ella acusa supuestos delitos de abuso de autoridad y violación agravada a la intimidad debido a la segunda requisa realizada sin justificación ni sustento razonable tras una inspección previa.
Además, Vizcarra había denunciado restricciones en las visitas familiares. Relató que sus hijas intentaron visitarlo durante el horario establecido, pero se les negó la entrada al penal. Según sus declaraciones, los agentes le indicaron que solo podría ingresar una hija, obligándolo a elegir entre ambas. Como no quiso tomar esa decisión, sus hijas tuvieron que retirarse.
Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter Cabal N / Twitter La República
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