El plazo para las investigaciones preliminares contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por las declaraciones de Jaime Villanueva es de 30 días, informó el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Aldo Vásquez.
Indicó que la Junta Nacional de Justicia, como órgano a cargo de control de jueces y fiscales, fue el primero en comenzar las investigaciones contra los tres fiscales, proceso en el cual cuenta con todas las garantías para presentar sus descargos ante los señalamientos de Jaime Villanueva.
“La JNJ dispone de 30 días para hacer investigación preliminar, se puede prolongar por 30 días más si se encuentran indicios verosímiles que derivar en un procedimiento disciplinario”, declaró a RPP.
Agregó que el procedimiento disciplinario -de abrirse en este caso- tiene un plazo de nueves meses, prorrogable por otros tres más.
El Junta Nacional de Justicia abrió el pasado 12 de febrero investigaciones preliminares por separado al fiscal supremo Pablo Sánchez, el fiscal superior Rafael Vela, así como al fiscal provincial José Domingo Pérez.
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Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró que los fiscales Vela y Pérez coordinaban las investigaciones en el caso Lava Jato con el periodista Gustavo Gorriti, mientras Sánchez habría archivado una investigación a Martín Vizcarra para que este asumiera la presidencia el 2018.
Denuncia en el Congreso
Aldo Vásquez, asimismo, dijo que la denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por no haber destituido a una de sus integrantes al cumplir los 75 años representa un intento más por pretender afectar la autonomía de esta institución.
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Sostuvo que la Constitución establece que el mandato de un miembro de la Junta Nacional de Justicia es por cinco años y la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia detalla las causales específicas por las cuales se puede remover uno de los miembros, y no figura la causal de tener 75 años.
“Se quiere inhabilitarnos por 10 años, lo que es prácticamente una muerte civil. Dice que debimos haberla vacado cuando cumplió 75 años sin mandato legal, pero si lo hubiéramos hecho, habríamos incurrido en delito de abuso de autoridad”, recalcó.
RG- Foto Andina