El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pronunció mediante un comunicado acerca de la nueva denuncia constitucional contra tres de sus miembros, presentada este lunes por la legisladora Patricia Chirinos.
Al respecto, señalan que ninguno de los integrantes del pleno ha sostenido conversación con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, o ha ejercido presión para promover una posición favorable a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, ni tampoco ha ocurrido ello respecto de algún otro integrante de la Corte Suprema de Justicia.
📣Pronunciamiento del Pleno de la @JNJPeru sobre la nueva denuncia constitucional presentada contra tres miembros de la JNJ en el @congresoperu.
— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) July 12, 2023
🌐Ver comunicado aquí: https://t.co/YHY9FL6d02 pic.twitter.com/g4ILFAOdhE
“La JNJ respeta plenamente la separación de poderes propia de nuestro ordenamiento constitucional y defiende la independencia de los jueces y fiscales del país”, señala el documento.
Asimismo, condenaron que la denuncia de la legisladora en contra de los magistrados Imelda Tumialán -presidenta de la JNJ-, Antonio de la Haza y María Zavala se basa en “afirmaciones falsas de una fuente no identificada, publicadas en dos medios de comunicación, que no han cumplido con el rigor periodístico de verificar su autenticidad”.
Patricia Chirinos ha denunciado constitucionalmente a los tres miembros del pleno de la Junta por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencia, aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional, por lo que solicita su destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años.
Finalmente, la JNJ recordó que dicha institución tiene facultad para nombrar, ratificar y ejercer control disciplinario respecto de los jueces y fiscales del país, algunos de los cuales integran el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los jurados electorales especiales, y similar facultad con respecto a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
En ese sentido, llamó la atención sobre estos hechos, señalando que estos no parecen ser fortuitos, sino responder a objetivos que buscan afectar sus funciones constitucionales y la institucionalidad del país.