José Ugaz: desactivar Equipos Especiales favorece a varios candidatos investigados
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En el inicio de la campaña electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, una decisión crucial del Ministerio Público genera nuevamente preocupación en el país. Según el exprocurador anticorrupción José Ugaz, la desactivación de los equipos especiales no obedece a una cuestión técnica ni aislada. Más bien, ocurre en un instante crítico y beneficia directamente a personas investigadas que buscan mantenerse activas o alcanzar el poder político.

En sus declaraciones públicas, Ugaz señaló que esta medida se toma justo cuando el proceso electoral ya está en desarrollo, afectando gravemente investigaciones que involucran a varios de los candidatos. También destacó que un número considerable de partidos políticos ha postulado a figuras con antecedentes penales o procesos judiciales abiertos, lo que convierte la suspensión de las investigaciones en un hecho que les favorece especialmente durante este periodo electoral, crítico hasta abril.

 

 

Para Ugaz, no puede separarse el impacto de esta medida de la dinámica electoral. Subrayó que detener las investigaciones durante esta etapa otorga una ventaja tangible a aquellos con aspiraciones políticas o involucrados en casos judiciales pendientes.

El exprocurador incidió además en su preocupación por el cierre de los equipos designados para abordar casos de derechos humanos, especialmente los relacionados con las muertes durante las protestas ocurridas en 2022 y 2023. A su juicio, delegar estas investigaciones al sistema ordinario ignora su complejidad y la necesidad de enfoques especializados. Destacó que tales procesos requieren conocimientos acumulados y metodologías distintas, lo cual ahora queda en riesgo con la decisión tomada.

 

 

También alertó sobre uno de los aspectos más críticos: las implicancias para los procesos de colaboración eficaz, particularmente en el ámbito internacional. La norma que establece la desactivación de los equipos menciona la conclusión de las investigaciones, pero no aclara cuál será el destino de los colaboradores que se encuentran en plena negociación con el Ministerio Público.

De acuerdo con Ugaz, muchos casos recaerán en fiscales adjuntos que, aunque cumplen una función relevante, no siempre poseen la visión estratégica ni la capacidad de decisión que caracterizaba a los líderes de los equipos especializados. Este panorama se complejiza aún más en el contexto internacional, marcado por recientes fallos y discusiones judiciales en países como Brasil, lo que podría repercutir en investigaciones sobre corrupción transnacional.

 

 

Más adelante, Ugaz planteó serias dudas sobre la legitimidad de esta decisión, adoptada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez. Recordó que Gálvez ha estado involucrado o relacionado con investigaciones gestionadas por los equipos ahora desactivados, lo cual representa un evidente conflicto de interés. Según el exprocurador, este antecedente daña la credibilidad y neutralidad del proceso.

Enfatizó que el problema tras esta medida no radica en cuestiones técnicas ni operativas, sino en consideraciones éticas. Rememoró cómo Gálvez ha manifestado públicamente posturas hostiles hacia fiscales de estos equipos, mencionándolos incluso por nombre luego de su separación del cargo en el pasado. Estas declaraciones, concluyó Ugaz, debilitan aún más la legitimidad de la decisión y alimentan sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

 

 

 

Texto: WSV
Foto: Captura de video
Videos: Twitter Canal N

 

 

 

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