El órgano legislativo se pronunció con 13 votos afirmativos y 6 negativos respecto a los expedientes constitucionales 547 y 575, que fueron tramitados en conjunto. La decisión culmina con la conclusión de impedir que el expresidente José Pedro Castillo Terrones desempeñe cualquier cargo público durante los próximos diez años.
La representante Lady Camones Soriano, perteneciente al bloque APP y encargada de presidir el grupo de trabajo sobre acusaciones constitucionales, presentó el documento que contiene el análisis de pruebas, sucesos concretos y argumentos legales que respaldan la denuncia formal.
📋 Las acciones previas y posteriores al quiebre institucional
El documento concluye que el expresidente realizó un conjunto de actividades tanto antes como después del pronunciamiento del 7 de diciembre de 2022. Entre los hechos registrados se incluyen encuentros cuyas finalidades no fueron esclarecidas, y la instrucción dada a la entonces encargada del comando de ministros, Betssy Chávez, para tramitar con la institución televisiva estatal la cobertura del discurso donde se anunciaría la ruptura de la institucionalidad constitucional.
El documento refiere además que el entonces mandatario pronunció un discurso público en el cual informaba sobre la disolución del Parlamento, la transformación de los tribunales de justicia y la convocatoria para elegir una asamblea que redactara una nueva carta magna, decisiones que no tienen base en la estructura constitucional vigente.
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El análisis también incluye que el exmandatario transmitió instrucciones explícitas a Raúl Alfaro, quien se desempeñaba como máxima autoridad de la institución policial, ordenándole el bloqueo de la sede parlamentaria, la negación del acceso a cualquier visitante, la incautación de las dependencias de la fiscalía y la aprehensión de la máxima autoridad fiscal, Patricia Benavides.
Igualmente, solicitó ampliar los sistemas de protección tanto de su persona como de la exjefa de gabinete, Betssy Chávez.
⚖️ Los argumentos constitucionales de la acusación
Partiendo de estas circunstancias descritas, el documento determina que el exmandatario incumplió múltiples disposiciones de la Ley Fundamental de la República, incluyendo aquellas vinculadas con la determinación de un cierre nocturno carente de justificación normativa, la ejecución de procedimientos fuera del alcance constitucional, la cancelación irregular de los trabajos legislativos, y el ejercicio de facultades que corresponden únicamente al poder legislativo.
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Posteriormente, el defensor Carlos Alberto Torres Caro participó para respaldar al expresidente. No obstante, tras proferir insultos hacia la institución parlamentaria, el tercer vicepresidente de la Cámara, Ilich López, quien dirigía los trabajos, le pidió que abandonara el recinto legislativo.
López Ureña posteriormente comunicó que el profesional del derecho se marchó por iniciativa propia luego de sus expresiones ofensivas. Asimismo, informó que se dará seguimiento al incidente y se remitirá la información correspondiente a la institución que agrupa a los abogados del país para que, dentro de sus competencias, tome las decisiones que estime convenientes.
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Citación pendiente
Willy Huerta Olivas, quien se desempeñó como responsable de la cartera del Interior durante la administración Castillo, fue requerido para asistir el próximo 27 de noviembre a las 10:00 de la mañana con el objetivo de presentar su defensa sobre los expedientes 547 y 575. La convocatoria le permitirá responder a la acusación que concluye en su inhabilitación también por diez años, derivada de los eventos del golpe de Estado ocurrido en 2022.
Foto Congreso