Líderes empresariales de Florida cuestionan leyes antiinmigrantes contra trabajadores del agro

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MIAMI.-   Más de un centenar de líderes del sector empresarial de Florida expresaron este martes su oposición a dos proyectos de ley que entrañan una “amenaza” para la “reputación, seguridad pública y economía” del estado por su carácter “antiinmigrante”.

En una carta abierta dirigida al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y al presidente del Senado, Bill Galvano, los líderes empresariales denuncian que las iniciativas SB-168 y HB-527 “criminalizan y apuntan a la comunidad inmigrante” y “destrozan nuestra economía”.

Los empresarios piden que sean rechazadas estas medidas, una de las cuales, la HB-527 tiene prevista votación en el comité judicial del Congreso de Florida, por considerar que generarán “deportaciones masivas” de inmigrantes sin papeles y “amenazan” la seguridad de los floridanos.

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En concreto, la medida SB-168, presentada por el senador republicano Joe Gruters, “expulsará”, de ser aprobada, “a la fuerza laboral de la agricultura y dejará a los agricultores de Florida sin opciones”, indicó Paul DiMaire, empresario de la industria agrícola.

“La industria agrícola quedará devastada”, aseguró DiMaire, en sectores clave como el cítrico, que supone el 56% de la producción del país, además de “erosionar” la confianza entre la Policía y los inmigrantes, dado que los indocumentados vivirán con el temor de denunciar cualquier crimen del que hayan sido víctimas o testigos.

“Les pedimos a nuestro líderes electos en Tallahassee (capital del estado), que pongan fin a esta legislación equivocada y se centren en ofrecer soluciones a problemas reales en nuestro estado”, destacó la carta.

Según un estudio divulgado por la organización New American Economy (NAE), el 85,8% de los trabajadores indocumentados en Florida, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, pagan cada año en impuestos cerca de 1.700 millones de dólares.

Y advierte que la aplicación de la SB-168 puede representar el “éxodo” de un 10% de inmigrantes en el estado, con un coste anual de pérdidas de algo más de 121 millones de dólares en impuestos y cerca de 3.500 millones en el producto interior bruto. (ECHA- Agencias)