El Poder Ejecutivo ha decidido extender la vigencia del estado de emergencia en 134 distritos ubicados en diversas provincias de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes. Esta resolución, oficializada mediante el Decreto Supremo 039-2026-PCM, responde a la amenaza persistente de precipitaciones intensas y tendrá una duración de 60 días calendario a partir del 20 de marzo de 2026.
La normativa, publicada en El Peruano, busca dar continuidad a las intervenciones urgentes y excepcionales para mitigar el peligro extremo. Asimismo, facilita las tareas de auxilio y recuperación que resulten pertinentes frente a los daños causados.
Labores de prevención en cuencas y valles 🚜
Esta ampliación se fundamenta en la necesidad de finalizar trabajos críticos que aún están en marcha. Las prioridades se centran en el mantenimiento de cauces, la limpieza de quebradas y el retiro de sedimentos en ríos. Además, se contempla el despliegue de equipo mecánico pesado y el reparto de suministros para el sector agrícola.
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Las administraciones regionales y municipalidades de las zonas declaradas en emergencia liderarán estas gestiones. Todo el proceso contará con la asistencia técnica y el monitoreo constante del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Cooperación entre ministerios y financiamiento 📋
En el operativo intervienen múltiples carteras, incluyendo Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa e Interior, entre otros despachos ministeriales. También se sumarán organismos públicos y entidades privadas para asegurar la eficacia de las medidas en cada localidad afectada.
Las autoridades precisaron que toda intervención debe estar estrictamente vinculada al evento climático y podrá ajustarse según los informes técnicos de seguridad que se emitan. Respecto a la inversión, el decreto establece que los gastos se cubrirán con el presupuesto ya asignado a cada institución.
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«La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público» puntualizó el documento oficial.
La disposición cuenta con la aprobación de los ministros de los sectores correspondientes y lleva la firma del mandatario José María Balcázar.
Foto Andina