LIMA.- Más de cincuenta organizaciones sociales y colectivos civiles solicitaron hoy al Congreso de Perú archivar la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada en la comisión de Energía y Minas del Congreso, por considerar que debilita a las instituciones ambientales del país y amenaza derechos de indígenas.
En un pronunciamiento conjunto, demandaron al parlamento un proceso de diálogo nacional y de consulta previa por tratarse de una iniciativa legislativa que concierne a territorios donde habitan pueblos indígenas.
Aseguraron que la iniciativa legislativa, cuyo objetivo es agilizar las inversiones en proyectos de hidrocarburos, carece de una visión integral de sostenibilidad y debilita la autoridad de las instituciones ambientales.
“Parece no tomar en cuenta las declaraciones de emergencia ambiental y sanitaria a las que el Estado peruano tuvo que recurrir en la presente década por afectaciones en pueblos indígenas por bajos estándares en proyectos de hidrocarburos”, apuntaron las organizaciones.
Denunciaron que el proyecto de ley viola la autonomía de otras instituciones como el Ministerio de Ambiente, los gobiernos regionales y las municipalidades al brindar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la última decisión en los proyectos de hidrocarburos.
Esto debilita al Ministerio de Ambiente como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según las mismas organizaciones.
Asimismo, anticiparon que la norma flexibiliza los estándares de las evaluaciones ambientales para las exploraciones sísmicas, al reducir la rigurosidad de los estudios y exigir solo una Declaración de Impacto Ambiental y no un estudio de impacto ambiental (EIA) semidetallado, como se desarrolla actualmente.
Otro punto al que se oponen las organizaciones es que se permita la construcción de infraestructura dentro en las zonas de los yacimientos sin ningún tipo de permiso y sin considerar las limitaciones normativas relativas a territorios indígenas ni a pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial.
También lamentaron que se amplíe hasta 80 años como máximo el plazo para la exploración y explotación de proyectos de hidrocarburos.
El pronunciamiento también exhortó al Congreso a respetar la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, así como la autonomía y roles de las instituciones ambientales como el Ministerio de Ambiente y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre otras.
El documento está firmado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la mayor federación de indígenas de Perú, y el Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq), asociación con estatus consultivo ante las Naciones Unidas.
También la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Oxfam, entre otras.
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, aseguró la pasada semana en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera (APEP) que el proyecto de ley cuenta con el visto bueno del Ministerio de Ambiente tras incorporar al texto sus aportes.
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