Freddy Solano González dejó la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo luego de que se lo señalara por haber usado un documento laboral supuestamente adulterado para asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.
A través de una misiva enviada al presidente José María Balcázar Zelada, el exfuncionario explicó que su salida obedece a un «profundo sentido de responsabilidad democrática» y busca que el episodio no afecte la marcha del Gobierno ni las labores del sector Trabajo.
«Presento mi renuncia con el propósito de preservar la estabilidad institucional, evitar especulaciones o percepciones de injerencia en las actuaciones del aparato fiscal y jurisdiccional», indicó en el texto.
El exministro insistió en que no admite culpa alguna y remarcó que en ningún momento vulneró la normativa vigente ni los principios de la ética pública.
«Jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada», escribió.
También manifestó su convicción de que las pesquisas en curso confirmarán que su actuación se ajustó a derecho, y pidió que su situación se revise respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
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🔍 La denuncia que destapó el caso
La salida del funcionario se produce a solo días de que la Contraloría General de la República, mediante su Órgano de Control Institucional (OCI), abriera una pesquisa en su contra a raíz de un informe de Cuarto Poder que sacó a la luz el presunto uso de un certificado laboral adulterado.
De acuerdo con esa investigación, el documento —con fecha 30 de noviembre de 2017— señalaba que Solano se desempeñó como jefe legal de la empresa de mensajería JCU SRL entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017.
Ese papel le habría permitido cumplir los requisitos para ejercer cargos de confianza en distintas entidades estatales, entre ellas la jefatura de la Sunafil, así como puestos en el Ministerio de Educación (Minedu), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Corpac y Promperú, donde recibió sueldos que iban de S/15.000 a S/25.000 al mes.
No obstante, el gerente general de JCU SRL, Carlos Ubillús, remitió en junio de 2024 una comunicación al Ministerio de Trabajo en la que afirmó que ese certificado era falso. «Nunca contraté al integrante del gabinete. No es mi firma, no es mi logo, no es mi membrete», declaró al citado programa dominical.
Pese a que el Ministerio de Trabajo abrió un proceso disciplinario interno, este terminó el 25 de junio de 2026 con la prescripción del caso y su archivo definitivo.
⚖️ La Contraloría revisará el expediente
Tras conocerse el reportaje, el titular del Órgano de Control Institucional, Javier Toribio Reyes, informó que examinará personalmente el expediente para establecer si hubo algún trato preferencial en el proceso que culminó archivando la denuncia.
🗣️ Solano promete defender su nombre
Por su parte, en la carta con la que formalizó su salida, Solano afirmó que seguirá defendiendo su reputación por la vía legal.
«Mi compromiso con el Perú permanece inalterable y continuararé defendiendo mi honor y mi buen nombre por las vías que el Estado de derecho garantiza a todos los ciudadanos, con la certeza de que la verdad prevalecerá», concluyó.
Foto Sunafil