Ministros respaldan Sistema Interamericano de Justicia, pero sueltan a Fujimori

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Más de tres horas después de concretarse la excarcelación del dictador Alberto Fujimori por ‘orden’ de solo tres integrantes del Tribunal Constitucional, el Gobierno del Perú, por intermedio del ministro de Justicia Eduardo Arana y el ministro de Relaciones Exteriores Javier Gálvez, informó que respaldaban la decisión del TC. Incluso, en un abierto desacato a lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los voceros del Poder Ejecutivo no disimularon su contradicción y dijeron que reafirmaban su compromiso con los organismos internacionales.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento por parte de la Corte IDH. Tampoco una explicación clara de parte de la presidenta Dina Boluarte acerca de la delicada situación diplomática a la que ha llevado al país con ese respaldo al TC, y cómo asumirá ella como gobernante la reacción de la justicia supranacional a la cual ha desafiado con su decisión de excarcelar al dictador.

“A nombre del Gobierno del Perú, expresamos lo siguiente: Conforme a todo Estado constitucional de derecho y, acorde al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y las órdenes de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 17 de marzo del 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori“, dijo el ministro Arana.

Por otro lado, el canciller Javier Olaechea recalcó que, pese a la irregular excarcelación de Fujimori, el Perú respeta los acuerdos internacionales. Según él, en el gobierno de Boluarte no consideran que la decisión de acompañar al TC en esta aventura vulnere lo mencionado.

“Expresamos de la manera más enfática que nuestro país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los Derechos Humanos, regional y universal, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, de modo alguno, desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales ni del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Por tal virtud, ratificamos al Perú a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que garantiza la defensa a la persona humana y el respeto a su dignidad”, enfatizó sin rubor alguno.

(JA)

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