MinJus adjudicó obra de S/ 192 millones a consorcio que no tenía RUC activo (VIDEO)

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El Ministerio de Justicia recientemente adjudicó un proyecto de ampliación del penal de Arequipa por un valor de 192 millones de soles a un consorcio que no contaba con un RUC activo al momento de la licitación, según lo revelado por un reportaje de Cuarto Poder. De acuerdo con la investigación, el Consorcio Infra Penal Arequipa formalizó su inscripción ante la Sunat el mismo día en que fue anunciado como ganador del concurso financiado por el Estado.

El objetivo del proyecto es ampliar la capacidad del penal para albergar a 1,600 internos y combatir los altos niveles de hacinamiento. Sin embargo, dicha adjudicación ha suscitado críticas, especialmente debido a las irregularidades en el registro del consorcio beneficiado y al cuestionable desarrollo del proceso de selección organizado por el Ministerio de Justicia.

 

 

La investigación también destaca que el presupuesto destinado ha aumentado considerablemente en los últimos años. En 2011, el costo estimado del proyecto era de 65 millones de soles; sin embargo, para enero de 2026, esta cifra alcanzó los 366 millones, un monto que quintuplica la estimación inicial para la construcción.

Otro punto polémico es que el contrato no fue adjudicado mediante una licitación abierta al público. Según Cuarto Poder, el proceso se llevó a cabo a través de invitaciones directas gestionadas por el Ministerio de Justicia, un método que ahora está siendo ampliamente cuestionado debido al historial del consorcio ganador.

 

 

El Consorcio Infra Penal Arequipa está integrado por Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC, y Constructora M&J SAC. Según la investigación, algunas de estas empresas tienen antecedentes de sanciones por presentar documentos falsos o información imprecisa en anteriores procesos de contratación estatal.

Ahren Contratistas Generales SAC, por ejemplo, cumplió una sanción de 40 meses que finalizó en julio de 2024 y posteriormente recibió otra suspensión de cuatro meses. Esto ha generado dudas sobre los criterios y filtros utilizados durante la evaluación de los participantes convocados. Por otro lado, Constructora M&J SAC también enfrentó una suspensión de 37 meses, la cual concluyó poco antes de la adjudicación del contrato, además de una inhabilitación adicional de tres meses debido a incumplimientos en normativas estatales.

 

 

Para variar, el representante legal trabajó con Santiváñez

Por si fuera poco, la investigación desveló que el representante legal del consorcio es el abogado Pierre Escobar Otoya, quien asumió la posición tras ser recomendado. Escobar Otoya admitió no tener experiencia previa en gestión pública ni en proyectos de esta envergadura. Además, trabajó en el despacho legal de Juan José Santiváñez, exministro de Justicia, cuyas gestiones habrían impulsado este proyecto antes de finalizar su mandato. Este vínculo ha generado más incertidumbre en torno a la transparencia del proceso.

Finalmente, otra preocupación surge a raíz de intercambios entre Escobar Otoya y el expresidente del INPE, Iván Paredes Yataco. Cuarto Poder afirma que se celebraron felicitaciones públicas e incluso se anunció extraoficialmente al ganador antes de que el procedimiento estuviera debidamente registrado en los sistemas oficiales. Esto ha intensificado las sospechas sobre posibles irregularidades en la adjudicación del contrato.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición
Videos: Twitter Cuarto Poder / Canal YouTube América Noticias

 

 

 

 

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