El Poder Legislativo confirmó a través de dos disposiciones normativas difundidas en el registro oficial la formación de una causa penal y una suspensión de una década para desempeñarse en funciones gubernamentales en detrimento de la máxima autoridad del Ministerio Público, Delia Milagros Espinoza Valenzuela.
La Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR estableció una inhabilitación de diez años para que Delia Espinoza no pueda ejercer labores en la administración pública, por incumplimiento de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución Política.
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Conforme a lo dispuesto en la resolución, el procedimiento derivó de la Denuncia Constitucional 528, presentada el 24 de octubre de 2024 y que fue acogida el 8 de abril de este año. La acusación enfatiza que la Resolución 2246-2024-MP-FN habría alterado en la práctica las atribuciones de la Policía Nacional y de la Fiscalía Nacional, contraviniendo la Ley 32130 y la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional.
📋 Garantías procesales respetadas en el trámite
Se precisa que en el desarrollo del procedimiento se aseguraron todas las garantías inherentes al debido proceso, incluyendo la participación de los abogados defensores de la servidora pública investigada y el cumplimiento de las fases definidas en las reglas internas del Congreso.
De manera conjunta, mediante la Resolución Legislativa 007-2025-2026-CR, el Parlamento respaldó la promoción de una acción penal contra Delia Espinoza en relación con supuestos ilícitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsificación de información y usurpación de competencias.
El documento legislativo se ampara en idéntico procedimiento originado en la Denuncia Constitucional 528. Tras su formalización, la Comisión Permanente otorgó un plazo para investigación y la audiencia respectiva tuvo lugar el 18 de julio de 2025.
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⚖️ Informe conclusivo y decisión legislativa final
Igualmente, se especifica que el dictamen conclusivo, aprobado mayoritariamente el 18 de noviembre de 2025, determinó que los funcionarios denunciados habrían expedido la Resolución 2246-2024-MP-FN incluyendo disposiciones que contravendrían la Ley 32130, lo que constituiría hechos delictivos e infracciones de naturaleza constitucional.
Finalmente, tras el intercambio de argumentos llevado a cabo el 3 de diciembre, el Pleno Legislativo resolvió proceder con la constitución de procedimiento penal en daño del patrimonio estatal.
Foto Andina