El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, presentó esta mañana ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington D. C., la propuesta peruana que trata de asegurar la correcta aplicación de la Convención de Caracas de 1954. Esta iniciativa busca proteger la esencia del derecho de asilo diplomático y evitar que se utilice como un mecanismo para la impunidad.
En su intervención durante la sesión extraordinaria del Consejo, solicitada por el Perú, el titular de la Cancillería sostuvo que se ha producido en la región “una evolución negativa” en la utilización del derecho de asilo —figura nacida en América Latina—. Afirmó que esta tendencia, al apoyarse en “información distorsionada por sesgos ideológicos”, resulta incoherente con el espíritu y el propósito de la Convención.
En ese sentido, el canciller De Zela detalló que la iniciativa peruana propone establecer un procedimiento previo de carácter obligatorio. Este busca fijar lineamientos y transparentar los términos en que debe cumplirse el Artículo IX de la Convención de Caracas, el cual conmina al gobierno asilante a considerar la información del Estado territorial para normar su criterio sobre la naturaleza del delito.
Perú planteará ante la OEA que los países soliciten información antes de otorgar asilo
De Zela anunció que, tras unas primeras consultas con cancilleres de la región, se sugirió que el Perú solicite opinión al Comité Jurídico Interamericano (CJI), cuerpo consultivo de la OEA, para que este realice un estudio técnico-jurídico sobre la interpretación del Artículo IX de la Convención de Caracas. Este paso serviría de base para el procedimiento propuesto, permitiendo que las decisiones de asilo no dependan únicamente del criterio subjetivo, sino que también se fundamenten en información oficial del Estado territorial y de otras fuentes confiables.
Asimismo, De Zela enfatizó que el Perú no plantea esta iniciativa por un caso específico de asilo diplomático. Aseguró que, a pesar de las crisis políticas precipitadas por actos de corrupción en los últimos años —por las cuales varios expresidentes y políticos de todo el espectro rindieron cuentas ante la justicia—, en el país prevalece el orden constitucional y las garantías para la administración de justicia.
Finalmente, el canciller Hugo de Zela recordó que esta propuesta refuerza la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y es coherente con la legislación peruana. Nuestra normativa prohíbe otorgar asilo a personas procesadas o condenadas por delitos comunes, y con criterios vigentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La presentación fue seguida por intervenciones de varios países miembros, con lo cual se comprobó el alto grado de interés que produjo.
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