CIUDAD DE GUATEMALA.- La Convergencia de Derechos Humanos de Guatemala, integrada por nueve oenegés, advirtió hoy que la interposición de una denuncia penal contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad consolida un golpe de Estado del Ejecutivo a quien señalan de haber instruido la acción penal.
En un comunicado de prensa, la Convergencia de Derechos Humanos mostró su preocupación y rechazo ante la solicitud de antejuicio (proceso de desafuero) que interpuso la Procuraduría General de la Nación (PGN) en contra de tres magistrados del Constitucional -el máximo tribunal del país-.
La entidad de Derechos Humanos asegura que el presidente Jimmy Morales instruyó al titular de la PGN, Jorge Luis Donado Vivar, de actuar contra el Constitucional, lo cual “rompe con la débil democracia” de Guatemala al “desobedecer” -el mandatario y su Gabinete- las resoluciones de la alta Corte.
Las acciones de Morales son “constitutivas de delitos“, los cuales han sido “realizados bajo la observancia” de la fiscal general, Consuelo Porras, sin que ésta haya actuado “de conformidad con la ley”, apuntó.
Según la Convergencia de Derechos Humanos, la actitud de Morales de “profundizar” el pulso con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Constitucional, “fiscales independientes”, “jueces honestos” y el ombudsman, Jordan Rodas; es una “estrategia de corte dictatorial”.
También expresaron su “solidaridad” con los tres magistrados denunciados por la PGN e instaron a la ciudadanía y a “los movimientos ciudadanos, sociales y populares” a “movilizarse con el objetivo de no permitir la consolidación del golpe de Estado y con ello la entronización del pacto de corruptos“.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó ayer el antejuicio contra los magistrados José Francisco de Mata Vela, Boanerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar, por los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias y abuso de autoridad.
La petición fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual debe decir si le da o no trámite a la denuncia y, de serlo así, pasará al Congreso, de mayoría aliada con el oficialismo, el cual decidirá si forma o no causa penal y retira la inmunidad a De Mata, Mejía y Porras.
Según la PGN, el Constitucional “se ha extralimitado en sus funciones, ha coartado de alguna forma el ejercicio en función del presidente, Jimmy Morales, y ha pretendido legislar en algunos casos en los que no le corresponde”, aunque reconoció que, como Procuraduría “estamos conscientes de la función” del máximo tribunal.
La Convergencia está integrada por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, la asociación Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial.
También forman parte el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, la organización Seguridad en Democracia, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala.
EFE/Foto: nomada.gt