JERUSALÉN.- Israel buscó encubrir la verdad y no tomó medidas contra cargos políticos y militares responsables de la política ilegal de fuego abierto que se saldó con la muerte de más de 200 palestinos en las protestas en la frontera con Gaza de 2018 y 2019, denunciaron este jueves en un informe dos grupos pro derechos humanos.
Ejército y autoridades israelíes no llevaron a cabo una investigación real y exhaustiva de los hechos, que engloban las acciones de las fuerzas militares en las protestas de la Gran Marcha del Retorno, cuando palestinos se manifestaron semanalmente ante la valla divisoria con Israel para pedir el fin del bloqueo de Gaza, según la ONG israelí Betselem y el Centro Palestino de Derechos Humanos (CPDH),.
Más de dos centenares de manifestantes murieron en las protestas por disparos de soldados israelíes y casi 13.500 resultaron heridos, incluidas 155 personas a las que se amputó alguna de sus extremidades.
Las investigaciones de Israel ante lo sucedido no han sido más que una cortina de humo para proteger a funcionarios responsables ante el proceso de la Corte Penal Internacional (CPI), que este año abrió pesquisas para investigar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Ejército israelí como por Hamás y otros grupos armados palestinos desde junio de 2014, según las ONG.
Entre otros elementos, el expediente de la CPI incluye los sucesos de las protestas de la Gran Marcha del Retorno.
Inicialmente, “Israel se apresuró a anunciar que investigaba” las acciones tomadas ante las movilizaciones “debido al procedimiento en curso en la CPI”, indica el informe, que denuncia no obstante que su pesquisa no ha sido efectiva ni cumplió los requisitos necesarios.
“Consistió íntegramente en que los militares se investigaran a sí mismos, sin examinar las normas ilegales de fuego abierto dictadas a las fuerzas de seguridad”, señalan Betselem y CPDH.
A su vez, aseguran que las investigaciones solo se centraron en los soldados de menor rango, sin poner el foco en el alto estamento político y militar, mientras que se investigó exclusivamente los casos en que las fuerzas de seguridad mataron a palestinos, y los miles de incidentes en que hubo heridos no se investigaron.
El Ejército israelí reaccionó a las alegaciones asegurando que “por casi dos años las tropas se enfrentaron a disturbios masivos y violencia”, además de “actividades terroristas hostiles” que incluyeron “disparos de francotiradores, lo que provocó la muerte” de un soldado.
“Describir los disturbios violentos como protestas civiles es completamente falso”, según las fuerzas armadas, que argumentan que “tomaron las medidas necesarias para neutralizar el peligro que suponían” los manifestantes “para civiles como soldados” israelíes.
“La decisión de abrir fuego se tomó por altos mandos sobre el terreno, basándose en su valoración profesional sobre el riesgo que representaban los alborotadores”, alega el Ejército.
Según datos aportados por las fuerzas armadas a Betselem, estas han revisado los casos de 134 palestinos muertos de un total de 234 fallecidos en las protestas, tras lo que el Cuerpo de la Abogacía General Militar ordenó investigar 36 casos.
Hasta ahora, la investigación castrense solo derivó en la condena de un soldado en relación al caso de la muerte de un joven palestino de 14 años, que fue declarado culpable por una falta disciplinaria menor y condenando a un mes de servicio militar comunitario, sin que se le culpara directamente de haber matado al menor.
Ante todo, Israel no quiere ni puede investigar los abusos contra los derechos humanos en las protestas de Gaza, por lo que “la responsabilidad de garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones recae en la CPI”, consideran Betselem y CPDH.
“Funcionarios gubernamentales, el fiscal general, los jueces de la Corte Suprema” y “altos cargos militares son los responsables de diseñar la política de fuego abierto y su aplicación”, concluyen las dos ONG. EFE