El primer ministro Alberto Otárola, acudió a la sede de la Fiscalía para comparecer por el medio centenar de muertes registradas en el país en el marco de las protestas que tuvieron lugar a finales de 2022 tras la destitución del ahora expresidente Pedro Castillo.
Tanto él como la actual presidenta, Dina Boluarte, están siendo investigados por estas muertes. Otárola ha declarado durante cinco horas a puerta cerrada y sin hablar con los medios de comunicación.
Previamente, Boluarte se había presentado ante los fiscales por el mismo caso. Su abogado, Joseph Campos, ha señalado que ha respondido parcialmente a las preguntas realizadas y ha pedido que se retiren algunas de las acusaciones, que “carecen de fundamento”.
El caso incluye a su vez a otras autoridades del Gobierno acusadas de incurrir presuntamente en delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad por las muertes de al menos 70 personas, entre ellas 49 civiles durante las protestas, que fueron sofocadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El pasado 6 de junio, la mandataria respondió durante tres horas a las preguntas de la Fiscalía sobre este caso tras su tercera citación. Otárola ha defendido ahora las decisiones tomadas entonces por Boluarte y ha asegurado que su objetivo era “defender la democracia” en el país.
En este sentido, ha mandado un saludo “caluroso” de la presidenta Boluarte, que “por las decisiones que tomó en defensa de la democracia está preparándose para asistir a una diligencia judicial”, según informaciones de la emisora RPP.
No obstante, Boluarte puede ser investigada por la Fiscalía, pero, al menos de momento, no puede ser objeto de acusación dado que no se cumplen los requisitos al respecto. El Código Penal peruano establece que el jefe de Estado no puede ser imputado mientras desempeña el cargo, aunque sí puede ser investigado.
Castillo fue detenido a principios de diciembre tras disolver el Congreso y decretar un Gobierno de excepción en lo que muchos calificaron de “autogolpe de Estado”. El entonces presidente llevaba un año y medio en el cargo y se encontraba inmerso en pleno proceso de destitución por parte del Congreso en plena crisis política.
Sin embargo, su decisión provocó el rechazo de todas las fuerzas políticas, incluso de su propio partido, Perú Libre. Su intención, según recalcó en varias ocasiones, era devolver al país el “Estado de Derecho”.
Europa Press- Foto PCM- Video TV Perú
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