ROMA (Italia).- Los Estados en América Latina responden más a los intereses de las multinacionales que a los de sus propias comunidades, lo que guarda relación con la actual concentración de la riqueza, según el director de Oxfam en México, Ricardo Fuentes.
El responsable mexicano llegó esta semana a Roma con una pregunta directa a los participantes de una conferencia de la ONU sobre desigualdades rurales: “¿A quién responden de verdad los Estados?” No hubo que esperar para conocer su respuesta: “Estamos viendo que en muchos casos de conflictos de tierra y otros recursos en Latinoamérica los Estados están protegiendo a las corporaciones multinacionales y no a las comunidades”.
En una entrevista a Efe, tras participar en el acto organizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fuentes destacó que la “gran concentración de la riqueza y del ingreso está asociada con la concentración de poder”.
Su influencia es determinante en los procesos de distribución de los recursos, que dependen del poder de negociación de los distintos actores en el momento de diseñar los acuerdos.
A su juicio, las multinacionales juegan con el viento a favor, aprovechando su poderío económico y el apoyo de los gobiernos de sus países de origen y de aquellos en los que invierten.
Y en un mundo cada vez más globalizado, no es casualidad que salgan perdiendo numerosas comunidades pobres en zonas aisladas.
“Si las comunidades no tienen ningún apoyo o recursos financieros, quedan en condiciones muy vulnerables para firmar contratos que garanticen que los recursos producidos estén bien repartidos”, agregó el directivo.
En el 2016 Oxfam publicó un informe en el que denunciaba que el 1% de las fincas de mayor tamaño en América Latina y el Caribe acapara más de la mitad de la superficie agrícola.
https://youtu.be/ECEgGZRw44c
La región es la más desigual del mundo, según el coeficiente de Gini que establece que allí, por países, la tierra está peor repartida en Paraguay, Chile, Colombia y Venezuela.
La falta de información actualizada al respecto indica “lo poco relevante que es para los gobiernos” la distribución de ese recurso, “fundamental para lograr sociedades más igualitarias”, aseguró Fuentes.
El mexicano insistió en que, en las sociedades latinoamericanas que no han pasado por una industrialización completa, unas pocas personas tienen grandes cantidades de tierra, dinero y poder frente a la gran mayoría que posee muy poco.
“La tierra es un espacio de definición de las comunidades que se oponen a la extracción de recursos naturales para bienes privados como en casos de minería, uso del agua o de las empresas de energía renovable que capturan grandes terrenos y al final benefician poco a quienes allí viven”, apuntó.
El asesinato hace dos años de la activista hondureña Berta Cáceres, contraria a la represa hidroeléctrica Agua Zarca, fue paradigmático por el peligro que corren los defensores de derechos humanos y ambientalistas en la región.
El informe también refleja el control del territorio a manos de organizaciones criminales en Guatemala, Honduras, El Salvador o México.
“El conflicto de tierras viene de la ausencia del Estado ante el crimen organizado, que llena un vacío de poder. La debilidad del Estado hace mucho daño”, enfatizó Fuentes.
El director de Oxfam en México urgió a fortalecer el Estado y los mecanismos que le obliguen a tomar en cuenta las necesidades de la población, sobre todo de los más vulnerables.
En su opinión, las organizaciones de la ONU y otras instituciones financieras internacionales deberían promover más un reequilibrio en las negociaciones y unas relaciones más justas, financiando grupos de la sociedad civil a nivel local o supervisando la distribución de los recursos naturales.
“Los gobiernos idealmente tendrían que representar los intereses de la población, pero eso no siembre sucede, por lo que es importante asegurar que las posturas y visiones alternativas sean escuchadas”, subrayó Fuentes.
En un año de citas electorales como las próximas de México o Brasil, reivindicó una sociedad más organizada capaz de crear contrapesos y obligar a los gobiernos a rendir cuentas frente a la actual “pérdida de la credibilidad de la democracia como sistema”.
“Así como se pueden cambiar sistemas políticos, también se pueden cambiar los económicos”, apostilló.
⊕