El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que el Ejecutivo ha reforzados las fronteras peruanas con mayor presencia de efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas ante un posible conflicto en Venezuela.
Álvarez Miranda detalló que las medidas que aplique el Perú van a ser proporcionales a la gravedad de la amenaza que se pueda producir. “Si hay una confrontación bélica, incluso a nivel de una posible guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con un mayor número de efectivos, pero eso significa mayor gasto y dejar de cubrir necesidades de la población para atender necesidades de defensa nacional y de seguridad interior”, indicó.
En ese sentido, dijo que el Perú no tiene interés en acoger a gente que haya trabajado con la dictadura de Chávez o Maduro. “Nuestro interés es aliviar la crisis humanitaria que sufren nuestros hermanos venezolanos y puedan retornar lo antes posible para ayudar a la reconstrucción de su patria”, sostuvo.
Con relación al Plan de Seguridad Ciudadana, anunciado por el presidente José Jerí, refirió que está siendo culminado y revisado, pues no solo debe ser un plan serio y coherente, sino que contenga indicadores para revisar su cumplimiento de acuerdo a una programación preestablecida.
“Aunque las metas no las fijamos para nosotros, lo ideal es que este plan sea continuado, perfeccionado, y por supuesto, adecuado a las necesidades y recursos del nuevo gobierno. Pero que, en cierta medida, tenga la continuidad para tener objetivos y el logro de las metas”, aseveró.
Sobre el estado de emergencia que será ampliado para Lima y Callao, Álvarez Miranda explicó que es una acción progresiva. “Esperamos llegar a mayo o junio con resultados concretos. Pero la guerra en sí contra la criminalidad, que se ha venido incubando y se ha venido desarrollando y aumentando en los últimos años, no se va a ganar en cuestión de semanas ni de meses. Esto va a ser labor del próximo gobierno”, precisó.
Sin embargo, indicó que lo que soluciona las cosas es la inteligencia policial, la inteligencia de las fuerzas armadas y el seguimiento a cada uno de las bandas criminales. Por tanto, los servicios de inteligencia tienen que abocarse a la destrucción de bandas ya organizadas, bandas con raíces sociales, pero también a una gran cantidad de personas que de alguna manera se comprometen con el delito, dificultando la labor policial y la labor de inteligencia.
De otro lado, en relación con la reorganización del INPE, el premier recordó que es parte de los decretos legislativos que se están diseñando en materia de seguridad ciudadana; sin embargo, reorganizar esta institución no significa despido de trabajadores, sino de reconvertir y conformar una unidad mucho más jerarquizada, más eficiente y más disciplinada.
“La corrupción del INPE es una corrupción cierta, real, que ha generado el traslado de docenas de reos de alta peligrosidad a Yanamayo para tratar de convertir a Lurigancho en un penal de reos primarios o de reos de poca peligrosidad”, sostuvo.
Por tanto, consideró que los internos de más alta peligrosidad, aquellos que tienen demostrada capacidad para seguir articulando sus organizaciones desde el interior de la cárcel, tienen que ir a prisiones de máxima seguridad al interior del país y estas prisiones tienen que también ser controladas y supervisadas de manera permanente.