PJ admite acción de amparo contra nefasta ley que sanciona el trabajo de las ONG

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El Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la nefasta Ley 32301, una norma recientemente aprobada por el Congreso que amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para perseguir y sancionar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben cooperación internacional.

Según el director del IDL, Carlos Rivera, esta ley representa una amenaza para varios derechos constitucionales ya que obliga a la ONGs a tener la autorización de la APCI para poder iniciar ejecutar sus proyectos. Además, indica que es una norma que establece la prohibición de litigio contra el Estado a nivel nacional, internacional, judicial y administrativo.

«En la anterior ley había una sanción de una multa de 50 UITs que ya es bastante, pero esta ley tiene un rango de multa absolutamente desproporcionadas y que determinan la voluntad del Ejecutivo de querer disolver las organizaciones, pues la multa sería de 500 UITs (…) hoy admitieron la acción, vamos a continuar con esto y sin duda alguna vamos a presentar una medida cautelar en el menor tiempo posible», sostuvo para este medio.

Organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos han advertido que esta norma busca intimidar a las ONGs críticas con el gobierno. Ahora con la admisión del amparo, el Poder Judicial deberá evaluar la constitucionalidad de la ley en una audiencia virtual programada en Meet para el próximo 29 de setiembre a las 10 de la mañana.

Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), advirtió que la Ley 32301 podría afectar a cerca de 7 mil personas, ya que muchas organizaciones de la sociedad civil tienen la responsabilidad de brindarles defensa legal y acompañamiento.

Cano señaló que Aprodeh representa a 509 víctimas solo en un caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que también participan en procesos ante la Corte IDH, incluyendo el de una víctima de violencia sexual cometida cuando era menor de edad, quien incluso dio a luz tras ser agredida por policías durante su detención.

“Estamos hablando de una ley que busca beneficiar a personas involucradas en desapariciones forzadas, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales. Si esta norma entra en vigencia, nos veríamos obligados a dejar la representación de víctimas en casos clave, como el proceso por las muertes en las protestas en Ayacucho y Andahuaylas”, indicó.

Texto: WSV / IDL / Medios
Foto: Composición
Video: Twitter Ideeleradio

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