PJ dicta levantar secreto de comunicaciones de Santiváñez por organización criminal

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El Poder Judicial dio luz verde para levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez, quien es investigado por su presunta participación en una organización criminal. Esta medida permitirá a las autoridades acceder a detalles clave de sus interacciones y avanzar en el esclarecimiento del caso.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró parcialmente fundado el pedido de la Fiscalía de la Nación para levantar el secreto de las comunicaciones del cuestionado exministro del Interior. Esta acción forma parte de la investigación en su contra por presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y negociación incompatible.

 

 

La medida no solo afecta a Santiváñez, sino también a Percy Alberto Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza, Yessenia Stefany De La Cruz Rivas, Julissa Martina Lores Muñoz, Gregorio Martín Villalón Trillo, Franco Emilio Parodi Gianella y Gian Franco Meza Lizier.

Según consta en la resolución del juez Juan Carlos Checkley, a la que tuvo acceso Infobae, se ordena a las empresas de telecomunicaciones proporcionar el historial detallado de llamadas, mensajes de texto (SMS y MMS), datos de geolocalización e información sobre los identificadores de los dispositivos (IMEI y CHIP) asociados a las líneas telefónicas de los implicados. El periodo investigado corresponde al intervalo entre el 16 de mayo de 2024, cuando Santiváñez asumió como ministro, y el 24 de marzo de 2025, fecha en que dejó el cargo tras ser censurado por el Congreso.

 

 

La Fiscalía sostiene que Santiváñez habría liderado una red delictiva dedicada a obtener beneficios económicos ilícitos sirviéndose de su posición como funcionario público.

Dentro de los actos investigados se incluyen actividades como la presunta coordinación entre Santiváñez y el estudio jurídico “Tenorio Abogados & Asociados”, dirigido por Percy Tenorio, para simular contratos laborales a favor de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte. Esto habría buscado crear un falso arraigo laboral para beneficiarlo en el proceso judicial vinculado al caso “Los waykis en la sombra”.

 

 

Adicionalmente, se señala que el exministro habría intervenido para beneficiar al abogado Percy Tenorio con cinco contratos de defensa legal en favor de generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), cada uno valorizado en 200 mil soles. Para facilitar esto, se habrían efectuado modificaciones en los términos de referencia (TDR) con el fin de ajustarlos al perfil profesional de Tenorio.

Por otra parte, un testigo protegido declaró que en diciembre de 2024, Santiváñez supuestamente recibió un pago en efectivo de 20,000 dólares por parte del general PNP Gregorio Villalón Trillo. Dicho pago habría tenido como fin garantizar la continuidad de Villalón en servicio activo y evitar su retiro.

Además, se están investigando posibles coordinaciones dirigidas a usar a la PNP para intervenir en la recuperación de la mina “El Dorado” en Ayacucho. Estos operativos habrían sido presentados como acciones contra la minería ilegal, pero en realidad estarían vinculados a intereses personales relacionados con figuras cercanas al entorno del estudio Tenorio.

 

 

 

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición / Documento obtenido por el portal Infobae

 

 

 

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