El Pleno del Legislativo aprobó una ley para asegurar que los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial reciban una pensión justa y proporcional, vinculada directamente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM).
La norma que surge de varias propuestas legislativas, busca solucionar las grandes diferencias y la injusticia en las pensiones que los docentes del país han sufrido por muchos años.
La medida establece que la pensión para los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial será igual a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) que corresponde a la primera escala magisterial.
Además, esta ley busca asegurar que los maestros jubilados y cesantes reciban una pensión suficiente para cubrir sus necesidades básicas y así puedan mantener una calidad de vida digna.
El texto final de la ley define una pensión proporcional para los profesores que se han retirado de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, abarcando a quienes están bajo los regímenes de los Decretos Leyes 19990 y 20530, así como a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y la Ley 29944.
De igual manera, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) también recibirán estas pensiones, las cuales serán equivalentes al monto de la RIM de la primera escala magisterial. El Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el Ministerio de Educación, serán los encargados de fijar estos montos.
Durante la presentación de la propuesta, el congresista Ilich López Ureña, presidente de la Comisión de Economía, explicó que el sistema actual de pensiones es desorganizado e injusto, afectando de manera especial a los maestros.
Señaló que muchos maestros retirados reciben pensiones muy bajas, incluso por debajo del salario mínimo, lo cual atenta contra su derecho a una vejez digna y, además, desincentiva a nuevos talentos a unirse o permanecer en la docencia.
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López Ureña enfatizó que la situación de los maestros afiliados al SPP es muy preocupante, ya que sus pensiones dependen solo de sus ahorros individuales, sin ningún tipo de respaldo del Estado ni mecanismos para ajustar los montos.
Consideró que ya es tiempo de que el Estado reconozca el valor del trabajo educativo y su gran importancia para el desarrollo del país.
Durante el debate, congresistas de diferentes grupos políticos mostraron su apoyo a la ley. Varios de ellos destacaron que es necesario saldar una deuda histórica con el magisterio.
Sin embargo, también hubo congresistas que advirtieron sobre el posible impacto económico de la medida. Alejandro Cavero señaló que la ley podría costar al Estado hasta 4 mil millones de soles al año, y mencionó que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Ministerio de Educación tienen una opinión negativa sobre la propuesta. Por ello, propuso que el proyecto regresara a la Comisión de Presupuesto.
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En sintonía con lo anterior, los congresistas César Revilla y Patricia Juárez pidieron cautela fiscal. Juárez comentó: “No podemos cometer excesos en un momento en que tenemos un déficit fiscal”.
La propuesta fue aprobada en una primera votación con 54 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones. Se realizará una segunda votación después de siete días calendario.
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