El titular de la cartera del Interior, Vicente Tiburcio, reveló que el Gabinete estudia la aplicación de una restricción de movilidad nocturna en la capital y la provincia constitucional, como parte del régimen de excepción dispuesto por el gobierno nacional con una vigencia de treinta días. Esta acción pretende fortalecer las acciones de seguridad y contener el aumento de hechos delictivos en estas zonas.
El responsable de la seguridad interna comunicó que el equipo gubernamental mantiene sesiones continuas para analizar el desempeño de las intervenciones coordinadas entre los efectivos policiales y los miembros de las instituciones militares, previo a la adopción de restricciones adicionales.
«Eso (el toque de queda) está en evaluación del Consejo de Ministros. Estamos en sesión permanente y seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia», indicó Tiburcio ante la prensa, dejando abierta la posibilidad de que la medida sea implementada en los próximos días.
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Tiburcio declaró que las autoridades nacionales sostendrán una línea de acción contundente ante las bandas delictivas y los episodios de violencia callejera que comprometen la protección de los ciudadanos. Destacó que la finalidad central del régimen especial consiste en restituir la calma social y consolidar la presencia institucional en el espacio público.
«Vamos a seguir implementando esta política que viene desde el Gobierno. Vamos a seguir siendo firmes, no hay espacio para la delincuencia, vamos a seguir trabajando», mencionó el titular del Interior.
El funcionario resaltó que el régimen de excepción constituye un componente de una táctica integral en materia de seguridad, que contempla la activación de la operación Celador, a través de la cual seis mil quinientos agentes policiales fueron destinados para incrementar la presencia en las calles y la supervisión en sectores vulnerables de la metrópoli y el puerto.
El mandatario José Jerí estableció el régimen de excepción en la capital y el Callao el veintidós de octubre, como respuesta al crecimiento continuo de la actividad criminal durante los meses previos. Bajo este esquema extraordinario, quedan limitadas garantías fundamentales como el libre desplazamiento, la congregación pública y la protección individual, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Carta Magna.
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Dentro de las normativas adicionales figura la prohibición del traslado de dos personas mayores de edad en vehículos de dos ruedas, una disposición orientada a disminuir los ilícitos ejecutados mediante esta forma operativa, incluyendo asaltos, amenazas de pago y asesinatos por encargo. Del mismo modo, cualquier concentración numerosa —de carácter religioso, deportivo o cultural— requerirá el visto bueno anticipado de las instancias competentes.
Decisión sobre horario restringido dependerá de evaluación operativa
Conforme a la cartera del Interior (Mininter), la supervisión policial contará con respaldo castrense y con el fortalecimiento de tareas de investigación preventiva y rondas concentradas, principalmente en demarcaciones con elevada incidencia delincuencial como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, La Victoria y el Callao.
El ministro Tiburcio explicó que la determinación sobre una posible restricción horaria se adoptará considerando un examen especializado de los resultados de las intervenciones actuales. «No se trata de restringir libertades innecesariamente, sino de garantizar la seguridad de los ciudadanos», subrayó.
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De acuerdo con informantes del poder ejecutivo, el gabinete ministerial revisará durante los días venideros los informes de la policía nacional y las fuerzas militares antes de establecer si la disposición operará en franjas horarias determinadas o en territorios delimitados.
La eventualidad de establecer la restricción nocturna ha suscitado discusión entre expertos en seguridad pública y defensores de garantías fundamentales, quienes señalan la importancia de mantener un balance entre el resguardo del orden y la preservación de las libertades ciudadanas.
Foto Congreso