El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, rechazó este jueves cualquier señalamiento sobre pasividad gubernamental frente a la crisis de seguridad que vive el país o falta de atención a las demandas de la población.
En su presentación ante el pleno parlamentario, el premier subrayó que el reto de la seguridad ciudadana corresponde al Estado en su totalidad y no únicamente al Poder Ejecutivo.
«La respuesta ante este flagelo que ataca a nuestro país debe ser una respuesta unida y concertada», expresó Eduardo Arana Ysa, quien también remarcó que se trata de una problemática heredada de administraciones previas.
El jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) afirmó que la administración, dirigida por la mandataria Dina Boluarte, ha implementado múltiples medidas para combatir de forma contundente a la delincuencia organizada, lo que ha permitido, según indicó, obtener mejores resultados estadísticos.
Subrayó, asimismo, que el patrón de criminalidad que enfrentan cruza las fronteras nacionales, motivo por el cual se han realizado operativos en coordinación con distintas naciones de la región, consiguiendo la captura de organizaciones delictivas transnacionales.
Acciones concretas contra la minería ilegal y el crimen organizado
Igualmente, destacó las operaciones del Ejecutivo contra la extracción minera ilegal, como el establecimiento del Comando Unificado Pataz, conformado por diferentes entidades comprometidas en la lucha contra este problema en esa zona de La Libertad.
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Respecto a la problemática de los transportistas y las extorsiones, manifestó que el Ejecutivo ha tenido presencia activa en las reuniones organizadas por el Congreso para abordar este asunto y también ha tomado medidas directas para apoyar a los trabajadores del sector y a los familiares de las personas fallecidas.
«El acompañamiento del Ejecutivo en todos estos momentos ha sido real, no ha existido por parte de nuestro gobierno en acción y menos una ausencia de respuesta inmediata al clamor de la ciudadanía», indicó Eduardo Arana ante el pleno.
Planteó que los desafíos nacionales requieren atención articulada, por lo que hizo un llamado a la cohesión que han demostrado durante este periodo el Congreso y el Ejecutivo. «De hecho hay mucho que trabajar, pero no estamos con los brazos ni las manos cruzadas», aseguró.
Estado de emergencia focalizado en preparación
El titular de la PCM informó además que se encuentra en elaboración una normativa para declarar el estado de emergencia en determinados distritos, permitiendo que las Fuerzas Armadas conduzcan las operaciones, esto como «una muestra real, desde el Ejecutivo, de que vamos a seguir trabajando duro contra la criminalidad».
Por último, solicitó no comprometer el desarrollo del país y su posición en la región. Indicó que durante estos dos años y medio de gestión se han abordado las carencias sociales sin corrupción, tras lo cual hizo un llamado a trabajar unidos y «no poner en riesgo la democracia».
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En su participación, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ana Peña Cardoza, expuso las dos estrategias que implementa su cartera para colaborar en la batalla contra la criminalidad y la violencia.
Apoyo económico y psicológico a familias afectadas por el sicariato
En la estrategia reparadora, precisó que se otorgará ayuda financiera a cada menor que quede huérfano como consecuencia del crimen. «Son abonos bimensuales de 400 soles por cada niño, niña o adolescente» que haya quedado huérfano por esta causa –detalló–. Este (viernes) 17 de octubre esperamos entregar el primero de estos abonos».
Del mismo modo, a través del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Warmi Ñan, «venimos dando apoyo emocional y psicológico» a las familias golpeadas por el crimen y el sicariato.
Detrás de cada transportista caído, hay una familia rota que necesitamos reparar y sostener, añadió Peña Cardoza.
Como tercera medida –expresó la ministra–, se está poniendo en marcha desde el Mimp un programa especial para que cada mujer perteneciente a estas familias afectadas por la violencia criminal pueda reactivar su economía y alcance su independencia.
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Asimismo, en una estrategia preventiva, el objetivo es impedir que un transportista o cualquier ciudadano se transforme en víctima del sicariato. Las bandas criminales «están captando a nuestros adolescentes, ofreciéndoles dinero fácil» a cambio de que se sumen a las actividades ilícitas.
Frente a esto, están desarrollando un plan de rehabilitación para adolescentes de zonas priorizadas en coordinación con el Ministerio del Interior para llevar un paquete completo con servicios del Ministerio de Trabajo, Beca 18, Ministerio de Educación y otros sectores, para que estos jóvenes en situación vulnerable vean que también hay futuro para ellos.
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