Un proyecto para modificar los artículos 99 y 100 de la Constitución sobre el juicio y antejuicio político, beneficio que reciben los altos funcionarios del Estado empezando por el presidente, sus ministros, así como titulares de diversas instituciones, presentó el Ejecutivo al Congreso.
Plantea que el Ministerio Público denuncie de oficio o de parte, ante la Corte Suprema, a altos funcionarios por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, que el fiscal de la Nación acuse a los altos funcionarios estatales “de oficio o a pedido de parte, ante la Corte Suprema por todo delito que cometan en sus funciones, inclusive hasta cinco años después de que los altos funcionarios hayan cesado en sus cargos”.
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Así, “la determinación sobre si hay mérito a formación de la causa penal corresponde a una comisión especial conformada por tres jueces titulares con mayor antigüedad en el ejercicio del cargo de la Corte Suprema de Justicia”.
Los funcionarios incluidos en este grupo son: el presidente de la República, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia; magistrados de la Corte Suprema, fiscales supremos, el Defensor del Pueblo además del Contralor General.
Estos altos funcionarios tienen hoy el derecho al antejuicio en el Congreso, en donde se les puede inhabilitar hasta por 10 años.
“La determinación sobre si hay mérito a formación de causa penal corresponde a una comisión especial conformada por los tres jueces o las juezas titulares con mayor antigüedad en el ejercicio del cargo de la Corte Suprema de Justicia”, establece la propuesta con la firma del presidente Pedro Castillo y del premier, Aníbal Torres.
Si la Corte Suprema determina que tiene lugar la denuncia entonces, lo actuado se deberá remitir a la Fiscalía de la Nación para formalizar la investigación penal ante el juez supremo penal.
Foto Presidencia