La Ley 32386 fue promulgada por el Congreso de la República, habilitando al Ministerio del Interior (Mininter) y a la Policía Nacional del Perú (PNP) a implementar acciones efectivas contra la delincuencia común y el crimen organizado, con el fin de asegurar la tranquilidad de la ciudadanía peruana.
La legislación establece medidas extraordinarias para el fortalecimiento institucional y la modernización operativa, buscando optimizar los recursos públicos y agilizar los procesos. Asimismo, prioriza la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, con un enfoque en la obtención de resultados medibles mediante la coordinación intersectorial.
Entre los puntos clave de esta ley, se incluye una exoneración excepcional y temporal de las normas presupuestarias. Esto permitirá al sector Interior gestionar sus gastos de forma más eficiente, dirigiéndolos al Programa Presupuestal 0030 («Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana») para responder al estado de emergencia por inseguridad.
Adicionalmente, la ley permite que los gobiernos regionales y locales transfieran fondos al Ministerio del Interior. Estos recursos se destinarán a financiar proyectos y actividades comprendidas en el programa presupuestal mencionado, requiriendo la aprobación de convenios interinstitucionales para dichas transferencias.
Para asegurar la transparencia de todas las gestiones derivadas de esta norma, la Contraloría General de la República queda facultada para llevar a cabo controles recurrentes sobre las adquisiciones efectuadas tanto por el Mininter como por los gobiernos regionales y locales.
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El Artículo 3 de la ley autoriza al Mininter, así como a los gobiernos regionales y locales, a realizar contrataciones urgentes de bienes y servicios durante el Estado de Emergencia. El objetivo es optimizar la labor de la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad.
Por su parte, el Artículo 4 de la norma posibilita la implementación del Plan Celador. Este plan autoriza el pago a personal policial que, voluntariamente, realice patrullajes o participe en operaciones de investigación durante sus días libres o vacaciones, con el fin de reforzar las actividades preventivas y operativas contra la delincuencia.
El Plan Celador tiene como propósito incrementar la presencia policial en las calles mediante la compensación por los días libres y vacaciones del personal. Esto se traduce en un incremento estimado de 5,000 policías adicionales dedicados a la seguridad ciudadana.
Otra disposición relevante de la Ley 32386 es que la Secretaría General del Ministerio del Interior, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional, deberá evaluar la situación actual del sector. En un plazo de 90 días hábiles, deberán presentar una propuesta para la reestructuración de ambas entidades.
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Como parte de las disposiciones complementarias, la norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, tendrá una vigencia de 180 días calendario desde su entrada en vigor. La única excepción es el Artículo 4, cuya efectividad se extenderá hasta el final del año fiscal 2025.
Finalmente, para la implementación de las medidas contenidas en esta ley, se autoriza al sector Interior y a los gobiernos regionales y locales a efectuar modificaciones presupuestarias, utilizando para ello los recursos institucionales ya asignados a sus respectivos presupuestos.
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