“El Diablo”: lo que revela el audio entre el hoy jefe del Gabinete y Juan José Santiváñez

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El escándalo en el Gobierno se agrava tras la difusión de un audio en el que el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, intercede a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, alias «El Diablo», un ex policía condenado por ser parte de la organización criminal «Los Pulpos».

En la grabación, Santiváñez solicita al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, el traslado de Salirrosas a un pabellón más favorable dentro del penal El Milagro en Trujillo. El diálogo expone cómo los integrantes del Gobierno liderado por Dina Boluarte parecieran usar sus cargos para realizar intercambios de favores personales con presos condenados, manipulando a conveniencia el sistema judicial y penitenciario.

 

 

El audio, difundido por el programa Panorama, destapa una posible red de tráfico de influencias en el Gobierno, posicionando a Santiváñez no solo como funcionario público, sino también como defensor de un criminal.

Este caso ha desatado alarma sobre la transparencia y la legalidad en la gestión estatal, al tiempo que cuestiona la objetividad de las decisiones tomadas desde el Ejecutivo. Además, se confirma que la grabación tuvo lugar en la oficina del ministerio, evidenciando que Santiváñez utilizaba esos espacios como si fueran su despacho privado, lo que podría configurar un delito de peculado de uso.

 

 

Dos ministros favorecen a «El Diablo»

Juan José Santiváñez, aprovechando su posición de influencia política, intervino para beneficiar al exagente policial conocido como «El Diablo», quien había sido condenado por pertenecer a una organización criminal. Según un audio filtrado, Santiváñez contactó al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, buscando gestionar un favor para su defendido. En particular, solicitó el traslado de Marcelo Salirrosas a un pabellón diferente dentro del sistema penitenciario.

En la grabación, se escucha a Santiváñez explicando: «Lo que pasa es que han venido al Ministerio la familia de los policías, ¿ya?… Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo». Ante esto, Arana respondió afirmativamente y prometió atender la solicitud: «Lo veo ahorita. Lo veo ahorita». Este diálogo evidencia el intento de Santiváñez de incidir en asuntos penitenciarios con el fin de favorecer a su cliente.

 

 

Además, no se limitó únicamente a ejercer presión sobre Arana. También asumió la representación legal de Salirrosas, presentando un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional, por lo cual habría recibido un pago de 20.000 dólares.

La grabación también pone de manifiesto que Santiváñez continuaba ejerciendo como abogado del condenado desde su despacho en el ministerio. Esto es corroborado por las declaraciones de un familiar del preso: «Miguel hasta el día de hoy él confía en usted, él puso toda su confianza en usted».

 

 

Estas acciones contrastan significativamente con las funciones que le correspondían como ministro del Interior. Según las normativas vigentes, el tráfico de influencias y el abuso del cargo para obtener beneficios personales o proteger a personas vinculadas al delito son prácticas ilegales y constituyen un grave incumplimiento de deberes.

La evidencia encontrada, tanto en los audios como en las declaraciones posteriores, revela cómo Santiváñez dejó de lado su rol público para intentar manipular el sistema judicial y penitenciario en favor de un individuo condenado.

 

 

Santiváñez reconoce que nueva ley beneficia a crimen organizado

En el audio reciente, Santiváñez hace referencia a la nueva ley sobre crimen organizado que había entrado en vigor y que podría haber sido utilizada en el caso de Salirrosas para disminuir su condena. Durante una conversación telefónica con un familiar de Salirrosas, Santiváñez comenta que esta normativa está destinada a quienes realmente están implicados en actos de organización criminal.

Es evidente que el ministro era consciente de que esta legislación podría beneficiar a personas involucradas en casos de crimen organizado, como el de su representado. Sin embargo, el caso de Salirrosas fue procesado bajo el cargo de asociación ilícita para delinquir, un delito diferente al de organización criminal.

 

 

Santiváñez aclara que Salirrosas no fue condenado por organización criminal, sino por asociación ilícita, lo cual complicaría la aplicación de la nueva ley en su defensa. Este detalle refleja una limitación en el impacto que podría tener la normativa sobre su caso.

A pesar de las dificultades, Santiváñez menciona la posibilidad de solicitar una revisión extraordinaria de la sentencia, siempre y cuando las condiciones permitan fundamentar esta petición. Esto abriría la puerta a una eventual reducción de la condena impuesta a Salirrosas, también conocido como «El Diablo».

 

 

 

 

Texto: WSV
Foto: Captura de video
Videos: Twitter Panorama / Twitter Punto Final / Twitter Cuarto Poder

 

 

 

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