Rospigliosi explota por sentencia contra ex Chavín de Huantar condenado por asesinato

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El Poder Judicial ha dictado una sentencia de 20 años de prisión efectiva contra Roberto Villar Chamorro, un oficial del Ejército en retiro, por el delito de asesinato con alevosía y gran crueldad. Este crimen, cometido en 1994 durante el conflicto armado interno, afectó a ocho personas en el caserío Cayumba Chico, ubicado en la provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco. Tres años después, Villar Chamorro también formó parte del grupo Chavín de Huantar.

Los hechos ocurrieron los días 28 y 31 de marzo de 1994, según las investigaciones realizadas por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco. En ese periodo, el condenado era capitán del Ejército y encabezaba el operativo militar denominado «Paraíso». Conforme con el expediente, bajo el seudónimo de «Capitán Carlos», Villar Chamorro lideró una patrulla que ejecutó a 8 víctimas mediante disparos y ataques con armas blancas. Entre los fallecidos se encuentran dos menores de 6 y 14 años, además de un adulto mayor.

 

 

Durante el juicio, la fiscal superior Rosario Quico Palomino demostró la culpabilidad del acusado con base en testimonios y pericias que evidencian cómo ordenó la detención arbitraria de las víctimas y posteriormente su ejecución. Las necropsias revelaron un alto grado de crueldad: la niña de 6 años presentaba profundos cortes en las piernas, mientras que al adulto mayor se le encontraron heridas punzocortantes en el tórax y disparos en la cabeza. Estos actos han sido calificados como crímenes de lesa humanidad.

 

 

Roberto Villar Chamorro, ahora con 60 años, cumplirá su condena hasta el 9 de junio de 2045 y deberá abonar una reparación civil de 100.000 soles a cada una de las familias de las víctimas, sumando un total de 800.000 soles. La responsabilidad económica será compartida solidariamente con el Estado peruano al ser considerado un tercero civil responsable.

En el veredicto, los jueces aplicaron el principio de control difuso para dejar sin efecto la Ley N° 32419, aprobada por el actual Congreso. Esta normativa pretendía otorgar amnistía a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. El tribunal argumentó que aplicar dicha ley sería incompatible con los derechos a la verdad y a una tutela jurisdiccional efectiva, consolidando así la responsabilidad penal de los involucrados.

 

 

El fujimorista Fernando Rospigliosi se mostró ofuscado conla sentencia, calificándola como un desacato a las leyes vigentes y a la separación de poderes.

“El Congreso dicta las leyes, el Ejecutivo las promulga y el Poder Judicial tiene la obligación de aplicarlas. El Poder Judicial no legisla. Lo que estamos viendo es un desacato flagrante de la ley, de la Constitución y del principio de separación de poderes”, dijo el postulante a senador.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter Fernando Rospigliosi

 

 

 

 

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