Ruth Luque denuncia constitucionalmente a Gálvez por desactivar equipos especiales

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La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional este viernes contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, solicitando su inhabilitación por un período de diez años para ejercer funciones públicas. Esta acción surge en respuesta a la reciente decisión de Gálvez de desactivar los cuatro equipos especiales del Ministerio Público, medida que Luque considera una infracción constitucional que afecta tanto la tutela judicial efectiva como la lucha contra la corrupción.

Mediante sus redes sociales, la legisladora expresó que la disolución de estos equipos de élite beneficia a personas investigadas por graves delitos. Según sus palabras, esta decisión representa un sinónimo de impunidad y exige el fin de la presencia de los «Cuellos Blancos» en el poder, acompañando su declaración con el documento entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

 

 

El informe, compuesto por 17 páginas, detalla cómo Gálvez habría contravenido cinco artículos de la Constitución Política relacionados con el abuso del derecho, los deberes del Estado y las competencias del Ministerio Público. Según el texto, el fiscal interino habría utilizado de manera indebida sus facultades organizativas al eliminar equipos diseñados específicamente para abordar casos de alta complejidad.

Luque subrayó que las atribuciones del fiscal de la Nación no son absolutas ni arbitrarias, sino que deben alinearse con los fines institucionales del Ministerio Público. Asimismo, recalcó que esta disposición afecta negativamente la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos de gran impacto social y obstaculiza de manera inmediata la persecución penal.

 

 

Un aspecto crítico de la denuncia es el planteamiento de un posible conflicto de intereses. Luque recordó que en 2021, Tomás Gálvez fue investigado y destituido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a presuntos vínculos con la red de corrupción judicial conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Según la congresista, resulta particularmente preocupante que quien lidera el Ministerio Público desarticule el equipo encargado de investigar esa misma red criminal. Esto, argumenta, pone en entredicho su imparcialidad y afecta gravemente la confianza pública en la autonomía del organismo.

 

 

Otro punto destacado en la denuncia se refiere al impacto del desmantelamiento del Equipo Especial Eficavip, responsable de investigar las violaciones a los derechos humanos y las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Luque advirtió que cerrar este grupo supone un retroceso en términos de especialización y experiencia acumulada en casos que involucran a altos funcionarios del actual gobierno.

La redistribución aleatoria de estas investigaciones a fiscalías ordinarias amenaza con retrasar los procesos y generar inconsistencias. En específico, se pone en riesgo la agilidad y coherencia en las pesquisas relacionadas con las 59 muertes de civiles reportadas por la Defensoría del Pueblo. La legisladora finalizó alertando que esto deja a las víctimas y sus familias en una situación vulnerable, prolongando su espera por justicia y esclarecimiento.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter Convoca

 

 

 

 

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