El titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, informó que los delincuentes de alta peligrosidad se concentrarán en prisiones específicas. Esta medida, integrada en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, busca garantizar entornos de vigilancia estricta y limitaciones en el régimen de visitas.
Las reubicaciones se ejecutarán en todo el país de manera progresiva. Se priorizarán centros penitenciarios cuya ubicación remota, altitud y blindaje tecnológico impidan que los internos operen desde las celdas.
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Traslados estratégicos y aislamiento de internos 🔒
“Paulatinamente van a ser reubicados todos los de alta peligrosidad en tres o cuatro penales definidos. Los reos primarios van a tener sus penales con las garantías de seguridad, pero sin tener ningún contacto con los reos de la alta peligrosidad”, detalló.
Álvarez Miranda añadió que se restringirán los encuentros familiares para este grupo a una sola vez por mes. Subrayó que estas visitas son beneficios y no derechos fundamentales, por lo que su recorte es una medida legal y coherente. Por otro lado, recintos como Lurigancho se destinarán principalmente a internos primarios con delitos menores.
El Ejecutivo también destacó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), nacida bajo el marco de la delegación de facultades legislativas.
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Control estricto y requisas en todos los centros 🛡️
Sobre las inspecciones, el ministro aclaró que los operativos son constantes en todo el sistema, incluyendo el penal Barbadillo. “Se realiza en forma permanente porque, debido a la existencia de malos funcionarios, siempre va haber el peligro de que ingresen drogas, armas o aparatos que no son los autorizados dentro de la reglamentación de los penales, atendiendo al nivel de seguridad de cada uno de ellos”, remarcó.
En Barbadillo, cualquier dispositivo tecnológico debe estar previamente autorizado y enfocado en la rehabilitación. Tras hallar objetos no permitidos y cámaras de seguridad inhabilitadas, se han iniciado las investigaciones correspondientes.
Ante las quejas de los abogados defensores, el jefe del Gabinete fue enfático. “No cabe la protesta” por cuanto la requisa, la inspección y la supervisión permanente es una responsabilidad importante del Estado que incluso tiene que ver con la seguridad de los propios internos”, manifestó. Finalmente, añadió: “Lo que se quiere también es preservar la integridad de cada uno de los internos, sean importantes o sean socialmente no importantes”, concluyó.
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Foto Andina