Cientos de mineros irregulares mantienen desde hace once días los cortes de carreteras en cuatro regiones de Perú para protestar contra la decisión del Gobierno de mantener la suspensión iniciada hace un año del proceso de regularización de más de 50.000 trabajadores del sector para su inclusión en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Al menos siete tramos críticos de la red viaria peruana están afectados por los cortes instalados en Ocoña (Arequipa), en Nasca (Ica) y vías de Chumbivilcas (Cusco) y Quiruvilca (La Libertad), según denuncia la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y a pesar de las numerosas intervenciones de la Policía.
En las últimas horas, más de un millar de agentes han logrado la reapertura del tráfico en el kilómetro 619 de la Panamericana Sur en Chala, Arequipa.
El ministro de Asuntos Exteriores peruano, Elmer Schialer, aseguró que el Gobierno aboga por el diálogo, pero impondrá el «principio de autoridad» para desbloquear las carreteras del sur del país.
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«Nosotros vamos a reimponer el principio de autoridad, vamos a dialogar con quien quiera dialogar y vamos a aplicar todo el peso de la ley a todos estos dirigentes, que ya están identificados», ha afirmado en declaraciones a la emisora RPP.
Schialer recordó que estos días se celebra en Arequipa el X Congreso Internacional de la Lengua Española e indicó que la situación en la ciudad es de normalidad, pero estas acciones «afectan al abastecimiento y la imagen del Perú».
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El canciller peruano aseguró que quienes participan en los bloqueos reciben 120 soles diarios (unos 28,80 euros) procedente del «financiamiento ilegal detrás de estas protestas». «Esa gente que financia busca desestabilizar, no le interesa la ley, ni la paz», argumentó. En ese sentido, aseguró que la minería ilegal «supera en siete veces el negocio del narcotráfico».
Además, Schialer subrayó que la presidenta Boluarte, ha sido «muy firme» y ha advertido que se aplicará todo el peso de la ley contra los responsables. «Vamos a dialogar con quien quiera dialogar y a sancionar a quienes violan la ley», remachó.
Por su parte, la AAP expresó su «absoluto rechazo» a los bloqueos e instó al Gobierno a tomar medidas inmediatas. «Estos bloqueos vulneran el derecho constitucional a la libre circulación, paralizan el transporte de carga, alimentos, combustibles y productos agrícolas, e implican pérdidas superiores a los 280 millones de soles diarios», advirtió.
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