Sinadef registra 529 homicidios en 3 meses mientras gobierno blinda a Óscar Arriola

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La violencia sigue dejando una huella alarmante en el Perú, y las cifras revelan una realidad preocupante. Durante los primeros tres meses de 2026, se registraron 529 homicidios según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Lejos de ser un dato aislado, este número refleja una tendencia ascendente que desafía la capacidad del Estado para ofrecer respuestas efectivas.

El análisis mensual marca un panorama inquietante. En enero se contabilizaron 175 homicidios; febrero mostró una ligera disminución con 169 casos, pero marzo rompió cualquier expectativa de control al alcanzar 185 asesinatos, convirtiéndose en el mes más violento del año hasta ahora. La incidencia de los crímenes no sigue un patrón fijo: la fluctuación impredecible —decrece y vuelve a aumentar— sugiere que la violencia impone su propia dinámica mientras los esfuerzos por contenerla parecen insuficientes.

 

 

Geográficamente, este fenómeno trasciende Lima, donde históricamente se ha concentrado el mayor número de crímenes. Aunque la capital reporta un liderazgo en estas estadísticas, regiones como Arequipa y Puno también reflejan altos índices de homicidios. Solo en marzo, Lima registró 53 crímenes, Arequipa ocupó el segundo lugar con 31 y Puno sumó 20. Febrero mostró cifras aún más preocupantes: Lima llegó a su punto máximo con 72 homicidios, seguida por Puno con 32 y Piura con 26. En enero ya se vislumbraba esta tendencia, con Lima encabezando el listado con 55 casos, mientras Puno informó 23 y La Libertad 15.

Estos números no solo representan cuantificaciones estadísticas; son reflejos de un territorio donde la violencia se afianza cada vez más. Expertos han señalado que factores como el crecimiento del crimen organizado, la proliferación de extorsiones y el auge del sicariato alimentan esta crisis.

 

 

Ante este panorama, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué medidas concretas están adoptando las autoridades? A medida que los reportes se acumulan mes a mes, la percepción generalizada es que el Estado sigue reaccionando tarde, incapaz de detener una ola de violencia que ya ha superado los límites de las cifras.

Pero no obstante el incremento sostenido de la criminalidad y las críticas provenientes tanto de la ciudadanía como del gremio de transportistas, el Gobierno ha decidido mantener su respaldo al cuestionado comandante general PNP Óscar Arriola Delgado, a pesar de su fracaso en la lucha contra el crimen.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter Exitosa Noticias

 

 

 

 

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