La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento validó cuatro reportes de calificación que planteaban declarar improcedentes y enviar al archivo el mismo número de demandas contra diversos funcionarios.
Uno de los expedientes descartados fue la Denuncia Constitucional 572. Este recurso fue presentado por Delia Espinoza, durante su gestión como fiscal de la nación, en contra de la exmagistrada Patricia Benavides. El cargo principal se centraba en la supuesta ejecución del delito de cohecho activo específico.
A la exautoridad Benavides Vargas se le señalaba por estructurar una estrategia destinada a presentar medidas de amparo para frenar las investigaciones administrativas en su contra, entre otros puntos cuestionados.
Decisiones sobre parlamentarios y jueces 📁
Asimismo, se desestimó la Denuncia Constitucional 665 dirigida a la legisladora Lucinda Vásquez Vela. En este caso, se le vinculaba con una aparente vulneración a la Carta Magna y el posible delito de peculado por uso. No obstante, el grupo de trabajo recomendó el cierre del proceso debido al fallecimiento de la parlamentaria, lo que generó la sustracción de la materia.
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El tercer documento archivado fue la Denuncia Constitucional 667, que involucraba a los magistrados supremos Aldo Figueroa Navarro, Iván Sequeiros Vargas, Norma Carbajal Chávez, César San Martín Castro, Saúl Peña Farfán y Erasmo Coáguila Chávez. En la misma causa figuraba el fiscal Tomás Aladino Gálvez Villegas.
Las acusaciones en este expediente incluían infracciones constitucionales y presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, así como omisión o demora de funciones y encubrimiento personal.
Querellas rechazadas y pedidos fiscales ⚖️
Por otro lado, se dejó sin efecto la Denuncia Constitucional 681, impulsada por la representante de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez. Esta acción iba dirigida contra los jueces Manuel Luján Túpez, César San Martín Castro, Saúl Peña Farfán, Edhin Campos Barranzuela y Sara del Pilar Maita Dorregaray, por supuesto prevaricato e infracciones a la Constitución.
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Transparencia en las audiencias denegada 🚫
Finalmente, durante la jornada legislativa, se denegó la solicitud planteada por el fiscal Tomás Gálvez. El magistrado buscaba eliminar el carácter reservado de la sesión correspondiente a la Denuncia Constitucional 444, interpuesta originalmente por Juan Carlos Villena contra el juez Víctor Ticona por presunto tráfico de influencias.
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