La Corte Suprema de Justicia desestimó la solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para apartar temporalmente a Patricia Benavides Vargas de su cargo como titular del Ministerio Público y fiscal suprema durante 36 meses.
Mediante resolución judicial, el alto tribunal respaldó el fallo inicial emitido el 10 de abril pasado, que determinó la ausencia de materia para pronunciarse sobre el requerimiento al considerarlo un «pedido improcedente».
La instancia judicial recordó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso desechó por mayoría el informe de calificación que daba curso a la Denuncia Constitucional 602 interpuesta por Delia Espinoza contra Benavides Vargas por presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, relacionados con supuestos intentos de influir en diversos expedientes vinculados a «Los Cuellos Blancos del Puerto».
n consecuencia, calificó como «infundada» la apelación fiscal y «manifiestamente improcedente» la solicitud, estableciendo que resulta imposible aplicar medidas personales que restrinjan derechos a funcionarios amparados por el procedimiento establecido en el artículo 99 de la Constitución.
La resolución precisó que en tales circunstancias se requiere el levantamiento de la inmunidad o aforamiento, es decir, que el Congreso de la República autorice previamente el procesamiento penal del funcionario.
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«Sin la debida formalización de la investigación preparatoria, no es posible ordenar la detención o cualquier otra medida personal intensa o mayor de restricción de derechos, como la suspensión preventiva del cargo público, sin que previamente el Congreso de la República no hubiera autorizado su procesamiento penal», subrayó.
Por tanto, aplicando criterios de economía procesal, se ratifica la sustracción de la materia considerando que Patricia Benavides conserva su estatus de aforada con los privilegios de inmunidad correspondientes a su alta investidura.
Anteriormente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había rechazado la suspensión por 24 meses dictada inicialmente contra Benavides Vargas en primera instancia.
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El fundamento de tal determinación se basó en que el Congreso archivó la denuncia constitucional formulada contra ella, lo que impide la procedencia de una medida cautelar sin la respectiva autorización parlamentaria previa.
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