El Tribunal Constitucional (TC) ha extendido hasta el 2030 el plazo para que el Estado peruano implemente soluciones que pongan fin a la sobrepoblación carcelaria, una medida establecida originalmente en una sentencia de 2020.
Aunque el plazo inicial de la sentencia estaba programado para expirar el 26 de mayo, los magistrados del tribunal decidieron el 23 de este mismo mes modificar la fecha límite.
La resolución, publicada hoy 27 de mayo, aclara que los aspectos de la sentencia original que buscan resolver la situación de hacinamiento crítico en las prisiones permanecerán activos hasta el 2030.
En este sentido, el TC ha instruido al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregar informes anuales, cada enero hasta 2030, detallando los avances y el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
Este documento, que el TC consideró relevante, propone la implementación de varias mesas de trabajo a largo plazo con el fin de reducir el hacinamiento en las cárceles del país.
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Basándose en la información que le proporcione el Gobierno, el tribunal ha indicado que tomará «las medidas que considere pertinentes para la ejecución efectiva de la sentencia».
La sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de mayo de 2020 había ordenado al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, abordar el deshacinamiento de los penales, declarando previamente la existencia de un «estado de inconstitucionalidad» en estas instalaciones.
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Esta declaración se debió a que algunas prisiones presentaban una sobrepoblación de más del 500%.
La sentencia también estipulaba que, si para el 26 de mayo de 2025 no se lograba superar el estado inconstitucional de hacinamiento, se deberían cerrar seis establecimientos penitenciarios con los mayores niveles de sobrepoblación en ese momento.
Foto Andina