El Tribunal Constitucional paralizó los alcances de la decisión cautelar que había sido validada por el Poder Judicial, la cual establecía la reinstalación de la doctora Delia Espinoza en la posición de fiscal de la Nación.
La decisión se fundamentó en lo solicitado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que había presentado una solicitud cautelar pidiendo la paralización de los efectos del litigio presentado por la doctora Delia Espinoza Valenzuela en contra de dicha institución, además de la decisión cautelar que mandataba su reinstalación como responsable máxima del Ministerio Público.
📋 Riesgo constitucional y competencias en juego
Según consta en una resolución accedida por RPP, el Tribunal Constitucional identificó un peligro grave e inmediato respecto de la vulneración de facultades de la entidad accionante (Junta Nacional de Justicia), pues se ha ordenado cumplir dentro de cuarenta y ocho horas los decretos 5 y 9, y proceder con la reinstalación de la doctora Delia Espinoza en su rol de fiscal de la Nación.
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En la misma medida cautelar también se paralizó un litigio que buscaba invalidar completamente el proceso de selección competitiva para designar a los integrantes de la JNJ, incluyendo los nombramientos resultantes para los actuales miembros principales y alternos, además de facultar la creación de un grupo de trabajo especial para relanzar un nuevo procedimiento de búsqueda y selección.
🔒 Protección de instituciones y funciones estatales
El Tribunal Constitucional enfatizó que de los argumentos presentados se establece claramente que, si el máximo tribunal no paralizaba cautelarmente las decisiones objeto del presente litigio, se generarían consecuencias que impactarían adversamente en la ejecución correcta de las funciones y en la estructura institucional de la Junta Nacional de Justicia, comprometiendo de manera irreversible el funcionamiento de esta entidad.
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El tribunal precisó que la medida cautelar otorgada continuará vigente hasta que se dicte la sentencia final respecto al conflicto de competencias presentado por la Junta Nacional de Justicia contra el Poder Judicial, quedando prohibido que cualquier órgano del Poder Judicial emita nuevas resoluciones que pudieran poner en riesgo las atribuciones constitucionales de la JNJ.
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