BRUSELAS (Bélgica).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha advertido de la “escasa” sostenibilidad medioambiental de la política vitivinícola de la UE ya que a pesar de la “importante cantidad” de fondos invertidos, en la práctica, ese dinero no solo no se ha dirigido a proyectos destinados a reducir el impacto de la viticultura sobre el clima, sino que puede provocar el efecto contrario.
En un nuevo informe publicado este lunes, los auditores de la UE señalan que a pesar de que el mercado vitivinícola de la UE está “muy regulado y subvencionado” –los viticultores han recibido alrededor de 500 millones de euros al año de fondos de la UE para reestructurar sus viñedos y ser más competitivos y desde 2016, también han podido pedir autorización para plantar más vides– las políticas comunitarias no se han ajustado a los objetivos medioambientales ni han tenido tampoco un impacto sobre la competitividad del sector.
“En la UE, los vinos pueden ser tintos, blancos y rosados, pero la forma en que se cultivan rara vez es ‘verde'”, han ironizado los auditores, que lamentan que el incremento anual del 1% en superficies de viñedo, prorrogado 15 años más (hasta el 2045), “nunca se ha evaluado desde el punto de vista medioambiental”.
La política de la UE tampoco ha dado buenos resultados en el aumento de la competitividad de los viticultores, mientras que los proyectos se financian independientemente de su contenido u ambición, y sin tener en cuenta ningún criterio para aumentar la competitividad, ha criticado el Tribunal de Cuentas.
De igual modo, han alertado de que también se financian cambios no estructurales en viñedos o renovaciones normales de estos, a pesar de que esas medidas no son subvencionables, mientras que los beneficiarios no están obligados a comunicar cómo mejoró su competitividad gracias a la reestructuración.
Además, señalan que ni la Comisión Europea ni los Estados miembro evalúan la manera en que los proyectos financiados ayudan realmente a aumentar la competitividad de los viticultores y lo mismo sucede con el régimen de autorización de plantación, pues los auditores recuerdan que se propuso y aprobó el porcentaje máximo del 1% de aumento anual sin justificación alguna y sin analizar si era adecuado y pertinente.
Tampoco las perspectivas de futuro les parecen halagüeñas, ya que en la nueva política agrícola común (PAC), la ambición medioambiental para el sector vitivinícola sigue siendo “limitada” y aunque los auditores de la UE recomendaron que los pagos a los agricultores, incluidos los realizados a los viticultores, se vincularan explícitamente con los requisitos medioambientales, la nueva PAC ha eliminado esas condiciones para financiar la reestructuración.
Asimismo, los países de la UE tendrán que utilizar tan solo un mínimo del 5% del dinero asignado al sector vitivinícola para acciones relacionadas con el cambio climático, el medio ambiente y la sostenibilidad, una cifra que los auditores consideran “bastante baja”, teniendo en cuenta que en el marco de una PAC más ecológica, se espera que el 40% de todo el gasto agrícola se destine a objetivos relacionados con el clima.
Fuente y foto Europa Press